Un incendio ha consumido alrededor de 10 viviendas del campamento Esperanza, ubicado en la comuna de Cerrillos, emergencia por la cual se ha declarado una primera alarma la mañana de este viernes.

Las casas afectadas por el siniestro eran de material ligero pero bastante amplias: de hecho, había construcciones de hasta tres pisos, de las que ahora quedan solo sus estructuras de fierro.

El combate del fuego se ha visto complicado por estar circunscrito a la parte trasera de la toma que da a la Ruta 78, donde no existe un acceso para vehículos, por lo que los carros de Bomberos no pueden entrar.

Inicialmente, se barajó la opción de ingresar por la Autopista del Sol y lanzar agua hacia arriba, pero la presencia de personal de emergencia en ese costado, así como la ubicación de las viviendas en una pendiente pronunciada, hicieron descartar esa alternativa.

Ahora (06:50) restricción de pistas en perímetro campamento Esperanza (Lo Errazuriz - América Indígena - Los Dominicos) debido a procedimiento de Bomberos por incendio. Opté por alternativas alejados de ese perímetro para facilitar trabajo de equipos de emergencia. #Cerrillos pic.twitter.com/EjG4tcM69f

— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 14, 2025

Así las cosas, Bomberos dejó sus carros estacionados al otro lado, en el ingreso por Avenida Lo Errázuriz, de modo que los voluntarios deben trasladar las mangueras a pie hacia la zona afectada por las llamas.

De todas maneras, han logrado aplacar la situación levemente, pero todavía existe el riesgo de propagación, ya que las casas están muy pegadas entre sí.

A la espera de Bomberos, los pobladores de la toma -entre ellos, muchos migrantes colombianos y haitianos- intentaron controlar las llamas lanzando agua con baldes.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó entrar en polémica con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, luego de que ésta pidiera durante el debate de Anatel desarrollado el lunes que esperaba que el problema de la megatoma de San Antonio fuera resuelto antes del 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric deberá entregar el poder a su sucesor. El secretario de Estado dijo además que buscarán evitar el desalojo.

Actualmente existe una orden de desalojo para quienes ocuparon ilegalmente el cerro Centinela de dicha ciudad portuaria y la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio plazo hasta el 4 de diciembre a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios de Interior, Seguridad, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para habilitar recintos de albergues a las más de 10 mil personas que viven ahí.

Durante una actividad en el Parque Metropolitano de Santiago, el ministro Montes fue consultado por las palabras de Jara y respondió que "no comento los foros presidenciales".

Sin embargo, sí abordó el tema de la toma: "Respecto a San Antonio estamos buscando distintos caminos para cumplir la ley y para que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Chile tiene 1.432 campamentos. Si no logramos construir una alternativa más sólida esto va a generar bastantes huellas para la historia del país".

"No voy a detallar cuáles son los caminos, pero estamos contra el tiempo. Queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos", sentenció en secretario de Estado.

Antofagasta fue escenario este viernes de una importante operación contra el crimen organizado, donde autoridades y fuerzas policiales llevaron a cabo el desalojo administrativo y la demolición de cuatro viviendas en el campamento "Madres Cabeza de Familia", ubicado en el sector norte de la capital regional.

La acción se enmarca en una investigación por asociación criminal ligada a graves delitos.

Según la información reportada, tres de los inmuebles demolidos estaban directamente relacionados con una investigación por delitos vinculados a secuestros, acopio de drogas y tráfico de armas.

Esta operación es parte de una estrategia policial en la zona, la que se intensificó tras la formalización de seis extranjeros vinculados al secuestro de un ciudadano colombiano en el sector.

"Estamos con esta acción de demolición de tres viviendas que eran utilizadas por parte del crimen organizado", destacó la delegada presidencial regional de Antofagasta, Karen Behrens.

Asimismo, explicó que aunque ya están "haciendo el desbaratamiento de estos inmuebles, la historia es más larga: El 2022, en junio, cuando este era un campamento incipiente, como Delegación Presidencial llegamos acá para hacer el desalojo de este sector".

"Quienes habitaban en ese momento en el lugar interpusieron recurso de protección que fue fallado mucho tiempo después, dándole la razón la Corte Suprema a la Delegación Presidencial", destacó la autoridad.

Carabineros destacó la importancia del operativo

Por su parte, el general Cristian Montre, jefe de la zona de Carabineros Antofagasta, confirmó que "las casas demolidas estaban asociadas a los ilícitos, incluyendo el hallazgo de los búnkers subterráneos".

En esta línea, el funcionario policial afirmó que esta es "una acción que es más que un compromiso, es una convicción de una necesidad que la gente requiere como una señal para poder estar tranquila. Acá el golpe está siendo dado hacia el crimen organizado, no hacia las personas vulnerables que han tomado por distintas razones la necesidad de estar en estos lugares".

Terreno ocupado y ocupaciones ilegales

Respecto a la magnitud del campamento y los inmuebles, la seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, reveló que "es una extensión bastante importante, (ya que) hay que considerar que el campamento mismo tiene una superficie más o menos aproximada de 320.000 metros cuadrados y los tres inmuebles que estamos interviniendo hoy, más o menos supera una superficie de mil metros cuadrados".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés Monroy, hizo hincapié en la ilegalidad de las construcciones, advirtiendo que "están destinadas a la comisión de delito o eventualmente son producto de los beneficios obtenidos en la comisión de delito".

Frente a esto, dio cuenta que van a impulsar "sistemáticamente como Gobierno la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación para bienes nacionales de los terrenos que son de propiedad fiscal".

Además de los tres inmuebles directamente vinculados al crimen organizado, la operación incluyó el desalojo de una cuarta vivienda utilizada para comercio informal. La jornada se desarrolló sin mayores incidentes.

Un desalojo que se llevaba a cabo de manera parcial en la toma "Michaihue 600" de San Pedro de la Paz fue abruptamente paralizado este martes, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de protección y emitiera una orden de no innovar.

El operativo buscaba desocupar estructuras donde residían más de 230 familias, específicamente los denominados "bloques de lata", los cuales contaban con una orden de demolición vigente desde el terremoto del año 2010. Pese a la prohibición de habitarlos, decenas de personas continuaban viviendo en el lugar.

La situación dio un giro inesperado cuando, en medio del procedimiento, se conoció la resolución judicial que detuvo por completo las acciones.

Autoridad defiende la necesidad de demoler

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, remarcó la peligrosidad de las estructuras y la necesidad de resguardar la seguridad de las personas. Según explicó, los inmuebles representan un riesgo inminente.

"Post-terremoto tiene certificados de inhabitabilidad, con una condición de inseguridad enorme para quien pueda estar una noche o durante varios días en ese lugar. Y es por eso que se debía demoler esos blocks de departamento. La única responsabilidad que debe tener el Estado es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", enfatizó Pacheco.

Además, la autoridad regional justificó la urgencia de despejar el terreno para dar paso a un nuevo proyecto habitacional y abordar problemas de delincuencia en el sector.

"Precisamente, en esa zona se van a construir más de 300 viviendas y por eso es necesario que el Ministerio de Vivienda ingrese a ese lugar, realice todos los estudios y mecánicas de suelos necesarios para lo más pronto posible tener soluciones habitacionales", afirmó.

Pacheco también vinculó el lugar a graves problemas de seguridad, mencionando que "hace poco tiempo también en las inmediaciones hemos tenido hechos de inseguridad enormes, como la sustracción de 50 postes del alumbrado público en toda esa zona. Hay que recuperar el borde costero de San Pedro de la Paz".

Tras la orden judicial, el desalojo quedó detenido. Ahora, el futuro del procedimiento dependerá de la resolución de fondo del recurso legal presentado, lo que definirá si se podrá retomar la salida de las familias que aún permanecen en la toma.