La segunda etapa de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en la ciudad de San Antonio (Región de Valparaíso), comenzó este martes con el objetivo de desocupar 40 hectáreas al terminar esta semana.

Según los dirigentes, no deberían quedar más de 30 casas habitadas terminado el procedimiento, pues muchas de las familias notificadas se retiraron voluntariamente en las últimas dos semanas, incluso hasta la tarde del lunes.

"El primer polígono son 5,3 hectáreas y de ellas, corresponde el desalojo de 156 techos, 115 familias, 63 hombres y 52 mujeres, 37 niños y 28 extranjeros", detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, antes de relevar que "hemos comunicado oportunamente a las familias, a través de la municipalidad y con 15 días de anticipación, que teníamos que cumplir este fallo a partir de hoy".

"Por lo tanto, todas las familias han sido notificadas de ello, tomando también la experiencia de la pasada Administración", añadió la autoridad.

#SanAntonio
Carabineros desplegados resguardando el orden y la seguridad durante el desalojo programado de megatoma en sector cerro Centinela, servicio que se desarrolla a esta hora con normalidad. #OrdenyPatria pic.twitter.com/BtDmu0CItm

— Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) June 30, 2026

Además, el procedimiento de hoy se ve facilitado porque durante el fin de semana, la empresa inmobiliaria San Antonio -dueña de los terrenos ocupados- dispuso un camión para que algunas familias puedan retirar sus enseres.

En comparación con el operativo anterior, cuando carabineros resultaron heridos de bala y pobladores encendieron barricadas, el despliegue de esta jornada ha sido más tranquilo hasta ahora.

De hecho, Carabineros dio cuenta de una reducción del contingente policial que se encuentra en terreno.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó esta mañana la nueva etapa de desalojo de la megatoma de San Antonio que comenzará este martes, en un operativo que se desarrollará de manera gradual y coordinada entre distintos organismos del Estado.

Explicó que su cartera tendrá como principal función la demolición de las viviendas que queden desocupadas tras el desalojo, además de brindar acompañamiento a mujeres y niños. El proceso se llevará a cabo junto a la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior.

Sin embargo, Poduje criticó a quienes permanecen en el asentamiento, asegurando que durante las inspecciones se detectaron casos de personas con segunda vivienda, construcciones de hasta tres pisos y familias con varios vehículos.

"Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra Administración (sino en la de Boric), va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad. O sea, las familias que están primero en la fila van a llegar primero a ese terreno", precisó.

"Estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos con tres autos en terrenos de 500 metros. Y eso, perdóneme, eso no es pobreza, es frescura. Y esa es gente que se ha saltado la fila y que se tomó un terreno; tenemos muchas segundas viviendas también, y tenemos gente vulnerable", explicó.

"Hablé con dirigentes de comités de vivienda y ellas mismas me reconocen que hay gente que viene los fines de semana y tiene sus casas acá, una segunda vivienda en una toma. Esas las vamos a sacar todas. Esto es una frescura lo que ha ocurrido acá, y yo lamento que el Estado haya expropiado, pero nosotros queremos hacernos cargo de esa decisión", agregó.

"Por lo mismo, como tenemos segundas viviendas, casas con tres y cuatro autos, acá esto se va a hacer por orden de llegada, por antigüedad y por vulnerabilidad. No porque (alguien) es más fuerte ni el que más, digamos, rompe el Estado de Derecho", afirmó Poduje.

El secretario de Estado reiteró que el proceso de desalojo se ejecutará por etapas y enfatizó que el acceso a una vivienda debe respetar el orden de postulación, privilegiando a las familias que han esperado durante años una solución habitacional por sobre quienes ocuparon un terreno de manera irregular.

El Hogar de Cristo presentó este miércoles su Memoria Anual 2025, reporte que dio cuenta de la atención de 31.395 personas a través de 225 unidades de servicio en las 16 regiones del país. Sin embargo, la entrega del documento marcó el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva hoja de ruta de la organización fundada por San Alberto Hurtado.

Según explicó a El Diario de Cooperativa el capellán general, sacerdote José Francisco Yuraszeck, el envejecimiento demográfico obligó a la fundación a transformar su modelo de asistencia: "La población chilena se ha ido envejeciendo y hoy día la pobreza tiene rostro de personas mayores solas en sus casas, y ese es un número que va a ir creciendo cada vez más", advirtió.

Para responder a esta nueva realidad, "lo que estamos haciendo es transitar desde programas residenciales, donde esperábamos que las personas vinieran hacia nosotros, más bien nosotros ir hacia sus casas y de ahí activar las redes, promover la autonomía de las personas lo más que se pueda", detalló Yuraszeck, destacando que este formato también es mucho más sustentable económicamente.

"Una residencia de personas mayores de 60 personas mayores requiere un staff de 90 personas. En estos programas domiciliarios atendemos a 60 personas en sus casas con un staff de tres. Eso permite atender a más personas con menos recursos", complementó.

El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso ordenó la realización de un informe pericial externo para evaluar la integridad estructural de las viviendas de la población El Olivar, en Viña del Mar, cuya demolición fue decretada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La resolución judicial responde a una medida prejudicial de la Constructora San Sebastián, empresa que busca demostrar mediante este peritaje que los inmuebles cumplen con la normativa y que las fallas detectadas por la autoridad serían atribuibles a errores en el diseño original aprobado por el Serviu y no a deficiencias en la construcción.

El abogado representante de la constructora, Jaime Barrientos, cuestionó la imparcialidad de los criterios ministeriales aplicados hasta ahora, asegurando que la empresa "ha construido y edificado obras siguiendo estrictamente el proyecto que fue aprobado por el Serviu de la Región de Valparaíso".

"Si algún defecto existe en el proyecto, en el diseño, eso no es responsabilidad de la constructora, sino de quienes diseñaron y de quienes aprobaron el proyecto. Estamos seguros de que la pericia determinada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso nos permitirá acreditar dicha afirmación. Esta es una cuestión técnica que debe resolverse conforme a la ley", puntualizó el jurista.

La defensa de la constructora acusa que cualquier falla estructural sería responsabilidad del diseño original y no de la ejecución. (FOTO: ATON)

Asimismo, la defensa de la empresa apuntó directamente contra las motivaciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, advirtiendo que, "en su calidad de consultor de Atisba y luego en su calidad de activista electoral, visitó varias veces las obras de El Olivar y en todas ellas criticó muy 'ácidamente' el proceso de reconstrucción y las obras ejecutadas".

Por su parte, el Minvu emitió una declaración pública subrayando que la acción judicial es meramente informativa y no detiene el plan de demolición. La cartera se apoya en estudios técnicos de la Universidad de Chile que confirmarían deficiencias estructurales insalvables en la construcción actual.

Minvu solicita querella al CDE por presunto fraude y tráfico de influencias en El Olivar

En una arista que escala al ámbito criminal, el Minvu también solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervenir ante una red de presunta corrupción vinculada a la reconstrucción de Viña del Mar.

La investigación apunta a un posible uso de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas en perjuicio del patrimonio estatal y la seguridad de los vecinos.

Descubrimos nuevas irregularidades en empresas que participaron de reconstrucción de El Olivar Viña del Mar. Son graves. Ya presentamos las querellas al CDE.@AnaMariaGazmuri pic.twitter.com/oCVBaV30ZK

— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) June 19, 2026

Según el informe emitido por la cartera de Vivienda, la solicitud busca perseguir responsabilidades por falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros.

La denuncia identifica a un exdirector regional del Serviu como pieza clave en este entramado. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio, esta exautoridad habría facilitado la operación de las empresas Social Arquitectura y Uno a Uno SpA.

La información oficial señala que el exfuncionario "habría intervenido para certificar experiencia técnica que acreditaba más de 1.000 beneficiarios de Social Arquitectura distribuidos en 14 proyectos".

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, encabezó este domingo la entrega de 2.094 subsidios del Programa para Sectores Medios DS1 de la Región Metropolitana, destinado a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio, correspondiente al segundo llamado de 2025.

"Queremos ser un país de propietarios, no de arrendatarios", destacó el secretario de Estado durante el evento en la Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa, donde se instaló una Expo Inmobiliario DS1 con información sobre proyectos y orientación respecto al uso del beneficio.

El proceso contempló la asignación de 7.799 certificados a nivel nacional.

"Hoy día la casa propia se está muriendo porque los precios suben, y este avance que hemos logrado hoy día, gracias a la gestión de la subsecretaria Natalia Aguilar y de todos nuestros equipos, está orientado a reducir aún más los plazos y poder atender esta clase media que se siente excluida hoy, que es muy rica para el Estado, muy pobre para los bancos", afirmó Poduje.

Hoy, en el Estadio Nacional, compartimos con miles de familias que recibieron su subsidio DS1, una herramienta fundamental para acercarse al sueño de la vivienda propia. Familias que muchas veces quedan en tierra de nadie: con ingresos que las dejan fuera de algunos apoyos del… pic.twitter.com/fQwcfDn4AW

— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) June 14, 2026

Nuevo tramo DS 4.000

El secretario de Estado también aprovechó de anunciar la implementación del nuevo tramo DS 4.000, destinado a familias de clase media que buscan acceder a viviendas de mayor valor, que se aplicará a partir del segundo semestre y tendrá un primer llamado a fines de año.

"Este subsidio justamente busca atender a esas familias que hoy se sienten en el 'jamón del sándwich', y muchas de ellas hoy están pagando 600 mil y hasta 700 mil pesos de arriendo, los que pasarán a ser un dividendo para tener una casa propia", explicó.

El beneficio permitirá acceder a viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, ampliando las alternativas para familias de sectores medios que buscan comprar una vivienda propia mediante apoyo estatal y financiamiento hipotecario.

Igualmente, se anunció la apertura del primer llamado nacional del 2026 para el Subsidio de Sectores Medios (DS1), cuyas postulaciones estarán abiertas entre el 16 y 30 de junio a través del sitio www.minvu.cl.

La diputada Francesca Muñoz (Partido Cristiano de Chile) impulsa, en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, un proyecto de ley que prohíbe por 10 años el acceso a beneficios habitacionales a quienes sean sentenciados por delitos de usurpación.

La medida modifica la Ley N°16.391 para impedir que infractores de tomas ilegales utilicen recursos públicos habitacionales, asegurando que la prioridad del sistema recaiga en las familias que cumplen con los conductos regulares y años de ahorro.

El articulado establece un marco punitivo claro: una vez que la sentencia judicial esté ejecutoriada, el responsable quedará inhabilitado de cualquier programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

En caso de que el sujeto vuelva a incurrir en delitos de ocupación de terrenos o propiedades, la prohibición sumará un lustro adicional, alcanzando los 15 años de veto.

Francesca Muñoz en el Congreso. (Foto: ATON)

Al respecto, Muñoz enfatizó que "el Estado debe estar del lado de las familias que cumplen las reglas y no de quienes las vulneran. Hay miles de chilenos que llevan años esperando una vivienda, reuniendo antecedentes, postulando y siguiendo todos los procedimientos establecidos".

"No es justo que quienes optan por la usurpación de terrenos o viviendas pretendan acceder a los mismos beneficios que quienes han actuado dentro de la ley", puntualizó.

Actualmente, la propuesta se mantiene en su fase de discusión dentro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, buscando su despacho a la sala para su votación general.