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En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este miércoles la puesta en marcha del programa "Operación Sitio 2.0".
La iniciativa busca hacer frente a las limitaciones presupuestarias de la cartera mediante la asignación progresiva de terrenos a familias vulnerables para cumplir con los compromisos de solución habitacional.
El secretario de Estado detalló que el presupuesto asignado a su ministerio contempla un alza del 5,8%, cifra distante del incremento cercano al 24% solicitado inicialmente, lo que demandó un ajuste estratégico para no recortar las metas trazadas.
"Queríamos volver a tener los 40.000 subsidios que alguna vez tuvimos de vivienda y no se pudo (...) Nos dieron 26.000. Los 14.000 que nos faltan los vamos a tener que compensar con terrenos", señaló Poduje.
Ante dicho panorama, precisó que la estrategia contempla "un plan B que lo que va a hacer, en la práctica, es que estas 40.000 viviendas, en vez de hacerlas terminadas, vamos a entregar primero los terrenos; luego vamos a hacer la urbanización y luego vamos a entregar las casas".
"Con eso —afirmó el ministro— podemos cumplir la meta y, lo que es más importante, entregarles a las familias una propiedad, que es lo que hoy día genera la mayor angustia en la espera".
"Yo tengo un equipo de 40 arquitectos y topógrafos y dibujantes que me están dividiendo todos los terrenos en pequeñas parcelas de 300 metros para poder entregárselas a las familias", puntualizó.
Poduje explicó que, inspirada en el histórico programa "Operación Sitio" aplicado durante el Gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1965-1970), la "Operación Sitio 2.0" persigue acortar los prolongados tiempos de espera de las más de 450.000 familias sin solución habitacional definitiva.
"El principal problema que tenemos hoy día con las familias que esperan, que son alrededor de 450.000 familias, son ocho años de espera sin tener nada; la angustia de las mamás por no dejarles nada a sus hijos; la angustia de la familia por quedar en el aire; por morir esperando. Hemos tenemos socios de comités de vivienda que mueren esperando y nunca reciben su casa. Entonces, para combatir eso con menos recursos, hemos optado por la Operación Sitio 2.0", profundizó.
En ese sentido, Poduje cuestionó la efectividad de ciertos subsidios tradicionales —como el DS1 para sectores medios—, cuyos certificados pueden demorar hasta seis años en concretarse por la escasez de oferta inmobiliaria, y defendió la entrega de terrenos como una alternativa.
"Lo que ¿tenemos que hacer, sobre todo a las familias más vulnerables, es entregarles una propiedad, algo concreto. ¿Y qué es esa propiedad? Va a ser un sitio; un pedazo de tierra", arguyó.
Al abordar el impacto del sector en la reactivación económica, el titular del Minvu resaltó que programas clave para sectores vulnerables registrarán incrementos de entre 10% y 20%, sumado a la activación de la tarjeta del Banco de Materiales y la aceleración de 400 obras antes de fin de año.
Consultado por el impacto del presupuesto en la generación de empleo, Poduje remarcó que "es súper sabido que la vivienda y las obras públicas son anticíclicas y que tienen un efecto dinamizador de la economía".
Respecto del avance financiero de la cartera, Poduje proyectó que la ejecución cerrará el año "sobre el 100%", impulsando la contratación en el rubro de la construcción.
"Esa ejecución presupuestaria significa que vamos a terminar generando 200.000 empleos como ministerio (...) ¿Podemos ir más rápido? Podemos ir más rápido. ¿Estamos metiéndole ahora acelerando la marcha? Sí", garantizó.
En Cooperativa, el ministro de Vivienda reafirmó, además, su política de no reparar viviendas nuevas mal construidas, y responsabilizó a las empresas constructoras por las deficiencias, en medio de cuestionamientos por el caso El Olivar en Viña del Mar y otros proyectos habitacionales con problemas estructurales.
El secretario de Estado sostuvo que "tenemos siete funcionarios del Serviu sumariados por aprobar proyectos que estaban mal hechos", al explicar que el ministerio mantiene acciones judiciales contra la empresa responsable.
"El Ministerio de la Vivienda (a partir de este Gobierno) no entrega casas mal hechas. No repara casas nuevas", enfatizó Poduje, quien agregó que las constructoras deberán responder por los daños, ya sea mediante el financiamiento de las reparaciones o ante los tribunales.
El ministro también denunció problemas de arrastre asociados a presuntas irregularidades y negligencias en distintos servicios regionales.
"Tenemos problemas de corrupción en varios Serviu. Son puntuales, pero son graves, y nosotros vamos a llevar a toda esa gente a la justicia", aseveró.
Como ejemplo, mencionó el caso de Arauco, donde el municipio habría enviado 14 oficios desde 2013 alertando sobre problemas como deslizamientos, socavones, humedad y filtraciones, sin recibir respuesta. "Nosotros estamos haciendo un sumario para saber qué pasó", indicó.
En Talcahuano, en tanto, señaló que algunos edificios han debido ser demolidos tras reiteradas reparaciones y cuestionó que las familias deban convivir durante años con fallas en sus viviendas.
"Vamos a arreglar y demoler y les vamos a mandar la factura después o los vamos a llevar a tribunales", advirtió, al recalcar que su administración busca terminar con la práctica de entregar soluciones habitacionales defectuosas y trasladar sus consecuencias a las familias: "Acá nos acostumbramos a entregar casas falladas".
"Tenemos que preocuparnos de que las casas se entreguen para el sueño de la casa propia, pero también que el sueño no se convierta en una pesadilla", sentenció.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó este miércoles, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que es económicamente "imposible" preparar Santiago para resistir cualquier episodio de lluvias torrenciales, aunque advirtió que la capital y otras ciudades del país mantienen déficits de infraestructura "muy importantes" para enfrentar inundaciones y aluviones.
El arquitecto abordó los efectos de las intensas precipitaciones que afectaron ayer a la Región Metropolitana y explicó que los anegamientos responden a una combinación de fenómenos meteorológicos excepcionales y una disminución sostenida de la inversión en infraestructura de aguas lluvias.
"Esto le pasa a todo el mundo. París se ha inundado; grandes ciudades se inundan cuando hay lluvias anormales. Sería imposible, imposible, tener una infraestructura, por costo, preparada para recibir estas lluvias anormales", sostuvo Poduje, al ser consultado por las inundaciones registradas incluso en sectores de Santiago que habitualmente presentan mayor resistencia a estos eventos.
El secretario de Estado agregó que "nadie puede diseñar una ciudad para medidas extraordinarias", pero enfatizó que esa limitación no exime al Estado de mejorar las condiciones de seguridad en los territorios más expuestos.
"Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a las zonas de mayor riesgo, de mayor exposición de la población, donde la lluvia puede generar aludes, remociones en masa, y ahí hay que trabajar con más fuerza", planteó.
Poduje atribuyó parte de los problemas a la falta de continuidad en las inversiones destinadas a evacuar las aguas lluvias.
Según indicó, Chile tuvo "un ritmo muy bueno" de ejecución de estas obras durante las décadas de 1990 y 2000, pero posteriormente se produjo un retroceso.
"Hace unos 10, 12 años dejamos de invertir", afirmó, advirtiendo que esa situación "ha hecho que la ciudad sea menos resistente, lo que se suma a lluvias completamente anormales en cuanto a su frecuencia y su rapidez".
El ministro precisó que "tenemos deficiencias muy importantes: ríos no canalizados, asentamientos ubicados en zonas de riesgo y quebradas que son las más peligrosas que no tienen conducción y que no tienen obras aluvionales".
En esa línea, sostuvo que la planificación urbana debe abordar tanto las reglas que determinan dónde se puede construir como las inversiones necesarias para proteger a quienes ya habitan sectores vulnerables. "Hay que hacer las obras, porque no podemos mover las casas", enfatizó.
El ministro subrayó que los problemas de infraestructura y planificación no se limitan a Santiago: mencionó situaciones en Arauco, Talcahuano, Alto Hospicio, Concepción, Angol y Curacautín, donde se han registrado desprendimientos de terreno, inundaciones y otras emergencias asociadas a las condiciones meteorológicas.
Respecto de las medidas concretas para la Región Metropolitana, Poduje informó que "lo más importante hoy día son los colectores maestros, y el más relevante para la zona poniente es todo lo que es Camino a Melipilla".
El titular del Minvu indicó que trabaja en proyectos en Maipú, Lo Espejo y Puente Alto, en coordinación con los municipios y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el objetivo es reducir las inundaciones recurrentes y aumentar la capacidad de evacuación de aguas en puntos críticos de la capital.
"Tenemos que licitar el próximo año la ejecución de al menos dos de estos colectores, que es Lo Espejo y el Camino a Melipilla, que es el más complejo", remarcó.
Además, señaló que el ministerio mantiene identificados 23 puntos críticos que requieren seguimiento y, en algunos casos, inversiones mayores para mejorar la capacidad de bombeo y almacenamiento de agua, especialmente en pasos inferiores que suelen colapsar durante las precipitaciones.
Agregó que "otro gran problema que tenemos con la lluvia, que se ve poco, son los hoyos. Ayer estuve con el alcalde de Puente Alto viendo la cantidad de hoyos y estamos creando una unidad de carpeta asfáltica propia, como Serviu. Estamos pavimentando calles en Conchalí, hemos ido a San Miguel y vamos a ir a Puente Alto, porque la verdad es que eso sí que es crítico y son obras que con la lluvia, como son carpetas asfálticas, se deterioran rápidamente".
Poduje reconoció que "estas obras son caras" y "tienen baja rentabilidad política, por así decirlo, porque solo generan molestias cuando se construyen y solo se ve su funcionamiento cuando la ciudad no colapsa".
En cuanto a los recursos, aseguró que el presupuesto para estas iniciativas "ya está comprometido", aunque reconoció que el aumento de la inversión ministerial es menor que el solicitado originalmente.
"Nosotros hicimos una solicitud grande para poder aumentar el plan de inversión, justamente en vialidad más que en colectores. Teníamos una meta muy ambiciosa de construcción de vialidad que nos está faltando en muchas ciudades del país y ahí se produjo una reducción", lamentó.
Añadió que "también queríamos volver a tener los 40.000 subsidios que alguna vez tuvimos de vivienda y no se pudo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es un plan B que lo que va a hacer, en la práctica, es que estas 40.000 viviendas, en vez de hacerlas terminadas, vamos a entregar primero los terrenos, luego vamos a hacer la urbanización y luego vamos a entregar las casas. Con eso podemos cumplir la meta y, lo que es más importante, entregarles a las familias una propiedad, que es lo que hoy día genera la mayor angustia en la espera".
Cuarenta familias de la Villa El Mirador, en la comuna de Arauco (Región del Biobío), deberán evacuar sus viviendas ante el riesgo inminente de derrumbe, luego de que los últimos sistemas frontales provocaran el desplazamiento de taludes y la aparición de grandes grietas en el cerro donde está emplazado el conjunto habitacional.
El proyecto, construido en terrazas, fue entregado como solución habitacional para 400 familias afectadas por el terremoto de 2010, y desde 2012 comenzó a delatar deficiencias.
De los 400 inmuebles, 138 han sido calificados en situación de "riesgo", y 40 de ellos en "riesgo inminente", lo que impone la necesidad de evacuación, mientras se realiza un estudio de mecánica de suelos.
Durante el fin de semana, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se trasladó al sector y, tras las verificaciones en terreno, comunicó que sus ocupantes deberán salir entre este martes y el miércoles: el Estado les ofrece subsidios de arriendo como medida temporal.
Hoy estuvimos nuevamente en Villa Mirador de Arauco, en la Región del Biobío, para entregar certezas a las familias que viven en las zonas de mayor riesgo. Acordamos la relocalización inmediata de 40 familias, junto con cinco compromisos: gestionar subsidios de arriendo para las familias que deben salir, realizar un estudio independiente de mecánica de suelos, ejecutar obras de mitigación y monitoreo, definir con esos resultados si corresponde reparar o relocalizar las viviendas y establecer un cronograma con hitos y plazos. Las familias no pueden seguir esperando. Vamos a hacernos cargo de este problema y avanzar hacia una solución segura y definitiva.
— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) October 12, 2026
"Hemos detectado 138 casas con daño: filtraciones, humedad, (...) paredes llenas de hongos, baños llenos de hongos; una situación de inhabitabilidad grave", explicó Poduje.
"Además hicimos pruebas en los terrenos, y con fuerza de puño -o sea, fuerza de mano-, podíamos bajar con una varilla casi 50 centímetros de suelo licuable... Eso es grave. Vamos a esperar el estudio de mecánica de suelo, a tomar la decisión en función de ese estudio y vamos a estar monitoreando permanentemente la evolución de la grieta", índicó.
El arquitecto detalló que "los desprendimientos (observados son de cuatro a metros, y son los taludes que estaban -entre comillas- sosteniendo la terraza. Esos taludes se desprendieron por la fuerza del agua, y ahí se produjeron los cortes".
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció una serie de medidas para enfrentar la aparición de grietas y socavones en Villa Mirador, un conjunto habitacional de 310 viviendas ubicado en la comuna de Arauco, Región del Biobío.
"Hemos concluido que hay problemas de diseño graves, problemas de asentamiento, problemas de relleno", sostuvo el secretario de Estado tras visitar este domingo el conjunto habitacional, construido entre 2010 y 2014 sobre un cerro con taludes naturales, donde las viviendas se distribuyen en tres terrazas.
Entre las medidas anunciadas, Poduje abordó la situación de las viviendas con problemas de humedad y explicó que "serán catastradas de manera urgente para entregarles una solución de arriendo que mejore sus condiciones de habitabilidad".
Asimismo, indicó que la empresa responsable deberá financiar un estudio de mecánica de suelos, cuyos resultados permitirán determinar las obras necesarias para estabilizar el terreno y reforzar los muros.
"En caso de que la reparación fuera muy compleja y su costo muy alto, las familias afectadas serán relocalizadas en un barrio seguro con viviendas nuevas", afirmó Poduje.
En paralelo, este domingo comenzaron los primeros trabajos de mitigación para reducir la infiltración de aguas lluvias y prevenir eventuales desplazamientos del terreno.
Las intervenciones consideran el cierre de la calle donde se registraron las grietas, la instalación de polietileno para reducir el ingreso de agua al suelo y la reconducción de aguas lluvias. También se contempla barreras de hormigón en la parte baja del conjunto habitacional.
Para ejecutar estas obras, el ministerio coordinó con la empresa Jomar la disposición de maquinaria y materiales, mientras los equipos técnicos continúan evaluando las condiciones del terreno.
Finalmente, Poduje anunció que este lunes regresará a Villa Mirador para firmar, junto con el alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, un documento con los compromisos adquiridos ante los vecinos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció este viernes, en Penco, que habrá solución habitacional para cerca de 900 personas que al momento de los incendios del verano vivían en condición de allegados.
Poduje explicó que quedan algunos trámites por realizar, pero ya hay un terreno adquirido y se comprarán al menos tres o cuatro más para construir las 900 soluciones habitacionales destinadas a damnificados que se congregaron en 16 comités de vivienda.
"Estamos dando solución de vivienda a familias que viven allegadas, que también son víctimas del siniestro, y que se organizaron en comités. Van a poder postular a una vivienda nueva en tres o cuatro terrenos que estamos viendo para comprar. Uno de ellos ya está listo, en (el sector de) Ríos de Chile, y eso va a permitir que las familias que están allegadas puedan tener su vivienda", destacó.
El arquitecto lamentó la imposibilidad de avanzar más rápido, e indicó que "el principal problema que tenemos (para esto) es la 'burrocracia'".
"Insisto con la doble r: burrocracia... Son trámites torpes que tenemos que hacer al interior del Estado, que nos demoran semanas que las familias tienen que esperar en vano", dijo.
En esta línea, insistió en una iniciativa que ha venido adelantando durante las últimas semanas: "Vamos a presentar un proyecto de ley para generar una nueva División de Reconstrucción que tenga herramientas que estén diseñadas (específicamente) para catástrofes".
"Aunque no lo crean, siendo país de catástrofes, estamos usando (en el Minvu) herramientas 'para situación normal', que tenemos que adaptar" para responder a la seguidilla constante de desastres, dijo.
Un peritaje externo determinó que no se observan defectos en la construcción de las viviendas de la población El Olivar, en Viña del Mar, cuya demolición fue decretada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Esta pericia, ordenada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, explica que existen falencias en el diseño del proyecto, pero que no se observan defectos en la ejecución de las obras por parte de la Constructora San Sebastián.
Jaime Barrientos, abogado de la constructora, comentó que "desde un comienzo hemos sostenido que Constructora San Sebastián no solamente se apegó estrictamente a la ley, también al contrato y a los diseños aprobados por el Serviu de la Región de Valparaíso".
"La pericia decretada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso no viene sino a refrendar la teoría de la constructora. Estamos muy tranquilos, hay aún un largo proceso civil por delante, pero nos asiste la fundada esperanza de lograr un fallo favorable, en el que se acredite que la constructora cumplió íntegramente el contrato y el proyecto aprobado por el Serviu y que se condene al Estado, al Ministerio de Vivienda y al Serviu a pagar las correspondiente compensaciones", agregó.
Desde el Ministerio de Vivienda rechazaron las conclusiones del informe, planteando que se "reconoce que 'las anomalías detectadas provienen del diseño, cálculo estructural y formulación del Proyecto', pero declara que 'la revisión de la ingeniería y memoria de cálculo no forma parte de esta pericia'. Sin ese examen, carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras o que sus defectos son subsanables".
"El Ministerio no rebajará los estándares de seguridad. Las familias de El Olivar, damnificadas por el incendio de febrero de 2024, tienen derecho a viviendas seguras y el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlo", añadieron.