El ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamó a los parlamentarios del Biobío a aprobar la ley de reconstrucción propuesta por el Presidente Kast; de lo contrario, "se va a complicar la reconstrucción" de las viviendas destruidas por los incendios.

De visita en el sector de Lirquén, ubicado en la comuna de Penco -una de las más afectadas por los siniestros-, el arquitecto expresó: "Esperamos que el Congreso, en honor a todas las familias, pueda aprobar la ley de reconstrucción nacional, que incluye el financiamiento de este proyecto (habitacional)".

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"Nos va a costar alrededor de 100 mil millones de pesos e incluye 20 mil millones para nuevos accesos a toda la zona alta de Penco y Lirquén, más las viviendas que se quemaron y el terreno", desglosó el titular del Minvu.

Asimismo, "permitamos otros 300 mil millones para terminar la reconstrucción del resto de las localidades, por lo que para nosotros es fundamental que se apruebe la ley de reconstrucción y esperamos que se haga lo antes posible. Si no se aprueba, se va a complicar la reconstrucción, pero vamos a reconstruir", aseguró.

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Consultado por la prensa sobre qué hará el Ejecutivo si el proyecto se rechaza, el ministro afirmó que "siempre hay un plan B", pero evitó ahondar en detalles hasta que "se vea la votación del Congreso".

El proyecto de reconstrucción busca reunir fondos por cerca de 450 millones de dólares para reconstruir las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, aquejados por los incendios durante los años 2024 y 2026. 

El Ministerio de Vivienda anunció el término anticipado del contrato con la empresa constructora San Sebastián, encargada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras el megaincendio de 2024.

La medida fue acompañada por una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso debido a irregularidades técnicas y el uso de materiales no certificados.

"Lo que hicimos fue ordenar un peritaje en base a denuncias que recibimos respecto a los materiales que estaba usando una constructora, que no estaban certificados, que estaban combinando materiales certificados con materiales no certificados", detalló el ministro Iván Poduje.

"Yo instruí que fuera un equipo de técnicos a hacer una revisión de todos los planos de cálculos, de todos los planos presentados, y se detectaron falencias graves. En función de esas falencias graves ordené sumarios y, además, acciones judiciales", agregó el secretario de Estado.

Para mitigar el impacto en las familias damnificadas, quienes han esperado más de dos años por sus soluciones habitacionales, Poduje explicó que su cartera presentó "un plan alternativo que nos permite entregar las viviendas en diciembre y, de esa manera, recuperar el tiempo perdido".

"Vergüenza a nivel mundial": Duras críticas de los damnificados

A pesar del nuevo cronograma, el malestar entre los vecinos es profundo. Rigoberto San James, vocero de las familias afectadas, criticó duramente el proceso de licitación y la supervisión de la Administración anterior, calificando a la constructora involucrada como una "empresa fantasma".

"Qué bueno que Poduje terminara el contrato. Sabemos que hay familias que están molestas porque hay casas que se habían avanzado, pero, si no cumplen las medidas necesarias de seguridad en cuanto a incendios o terremotos, es mejor perder eso que se hizo, perder el tiempo y empezar desde cero seriamente con una empresa que sepa del rubro", señaló el dirigente. 

"Es una vergüenza a nivel mundial más que nacional, porque deja al descubierto un Gobierno negligente que permitió que esto sucediera; un Gobierno que abandona a la gente en cuanto al acompañamiento de reinserción social y laboral, ni hablar de la ayuda psicológica, y que, además, jugó con los dineros de la reconstrucción en empresas fantasma", fustigó San James.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá investigar las responsabilidades penales de la empresa y posibles negligencias en la administración de los fondos destinados a la emergencia.

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) confirmó este viernes que ya fue adjudicada la obra de demolición de los bloques de departamentos dañados durante los incendios forestales en el sector de Ríos de Chile, en la comuna de Lirquén (Región del Biobío).

Carlos Riffo, director regional (s) del Serviu, detalló que la fecha estimada para el inicio de la demolición será durante la tercera semana de abril.

"La demolición de Ríos de Chile cuesta alrededor de 550 millones aproximadamente. Es un contrato que ya está hecho, la empresa está en condiciones de iniciar la demolición en el momento que estén las condiciones logísticas para efectuarlo", explicó la autoridad.

"Hay una situación con familias que aún permanecen (en el lugar). Ya se ha conversado con ellos y hay una planificación para su salida, que no debiera pasar de este fin de semana, a lo más la próxima semana. Por eso es que se habla de la tercera semana o dentro del mes de abril el inicio de la demolición", complementó.

Las autoridades se encuentran gestionando la asignación de los últimos subsidios de arriendo, que permitirá que las familias afectadas cuenten con un alojamiento transitorio mientras se ejecutan las obras de demolición y construcción de nuevas soluciones habitacionales.

En entrevista con Cooperativa, el arquitecto Javier Ruiz-Tagle, director del Núcleo Milenio sobre Desafíos de la Vivienda (Nuviv), analizó este viernes las implicancias de la propuesta del Gobierno de eliminar temporalmente el IVA a la venta de viviendas nuevas durante 12 meses.

La medida, parte del plan de "Reconstrucción Nacional" del Ejecutivo, busca reducir el stock de 100.000 unidades, bajar precios finales entre 10% y 15%, y reactivar la construcción y el empleo sectorial.

Según el académico del Instituto de estudios Urbanos y Territoriales UC (IEUT), aunque la iniciativa podría dinamizar el mercado, es necesario matizar sus efectos reales sobre el déficit habitacional del país.

"Actualmente hay un sobrestock de viviendas que se estima en 100.000 viviendas, que están ahí construidas y no se venden. Hay, en el fondo, casas sin gente y, por el otro lado, gente sin casa. Esa rebaja en el IVA hace que probablemente se vendan esas casas, pero no va a ser como que masivamente baje el déficit habitacional, porque muchas de esas viviendas, por ejemplo, se podrían vender a inversionistas. Entonces no estaría bajando el nivel de déficit habitacional. Es más bien para salvar el problema del sobrestock", señaló el académico a Lo Que Queda del Día, advirtiendo que el alivio es más financiero que social.

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la discrepancia entre las expectativas públicas y la realidad técnica de los precios. Mientras algunos sectores esperan rebajas de hasta el 15%, Ruiz-Tagle reveló cifras mucho más modestas.

"Se generó la expectativa de que los precios bajarían un 15%, pero los mismos desarrolladores inmobiliarios están sacando cuentas de que el impacto real en la baja de precios podría ser de entre un 2% y un 4% solamente", advirtió.

El experto concluyó que no existe una receta única para solucionar la crisis de vivienda en Chile. Recordó que el déficit se mantiene estancado porque, aunque se cumple con las metas de construcción, los cambios demográficos -como la tendencia a hogares unipersonales- hacen que la demanda crezca al mismo ritmo que la oferta. 

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, protagonizaron este miércoles un cruce de declaraciones por la inversión en infraestructura urbana de la ciudad, en el marco del anuncio de la construcción de más de 800 viviendas sociales para integrantes de once comités habitacionales de Cerrillos y Maipú.

La polémica se centró en la pausa del proyecto Eje Alameda-Providencia en su tramo hacia el poniente, el cual contemplaba una ciclovía de alto estándar que finalmente no llegará a Maipú por razones presupuestarias.

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En ese sentido, el ministro Poduje enfatizó que la administración de recursos públicos exige tomar decisiones complejas: "Lo que estamos viendo en el caso de Maipú, como lo dijo el alcalde, es un colector para que la gente de Los Héroes no se inunde, son 25.000 personas, vale como lo mismo que la ciclovía", explicó.

"Cuando hay que gobernar, hay que priorizar: o ponemos el colector y reducimos la inundación, o ponemos la ciclovía", puntualizó el titular del Minvu.

"Ojalá que ese tipo de inversiones llegue de Plaza Italia para abajo"

Por su parte, el jefe comunal de Maipú cuestionó el criterio de Poduje y apuntó a la brecha de inversión que existe en la capital, en perjuicio de la zona poniente.

"Uno como alcalde siempre quiere lo mejor para su comuna, quiere que sus vecinos se puedan movilizar de buena forma, sobre todo en un contexto donde el alza del precio de los combustibles le pega a las familias, y mecanismos alternativos y sustentables de transporte creemos que son deseables", cuestionó Vodanovic.

"Habla también de la forma en que construimos la ciudad, de que ojalá ese tipo de inversiones que uno ve a veces de Plaza Italia para arriba, también lleguen de Plaza Italia para abajo", subrayó el alcalde.

Pese a las diferencias, Vodanovic adelantó que espera reunirse con el titular del Minvu para evitar que la cancelación del proyecto de ciclovía sea definitiva.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la anulación de la expropiación de la Colonia Dignidad, ubicada en Parral, informada por el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje el fin de semana, apuntando a que la revictimización de los afectados.

El Gobierno de Gabriel Boric firmó el decreto de expropiación de 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016 por estar vinculados a graves violaciones a los derechos humanos de colonos y opositores políticos a la dictadura militar.

Entre ellos, se encuentran lugares como el área urbana de la casa de Paul Schäfer, sector donde se encontró documentación que daba cuenta de la conexión del enclave con entidades represivas del régimen militar, y lugares de inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada.

No obstante, el ministro Iván Poduje decidió frenar la medida debido al ajuste fiscal y porque en la práctica, argumentó, su cartera no tiene facultad para expropiar.

La decisión fue respaldada por el senador Javier Macaya (UDI), quien señaló en Cooperativa que "primero es prioridad el gasto público que significa esa expropiación, pensando en los desafíos que tiene el país hoy día en materia de reconstrucción, de vivienda, son gigantescos. Y segundo, en términos de legalidad, o sea, el Ministerio de Vivienda tiene facultades para expropiar cuando se trata de proyectos de vivienda, pero cuando se trata de un tema de derechos humanos, hay otras instituciones en Chile que tienen el foco puesto en eso".

Asimismo, descartó un sesgo ideológico en la determinación del ministro: "Me parece que es adecuada la decisión que tomó el ministro Poduje. No hay aquí razones ideológicas. Yo creo que Poduje no tiene ese sesgo y no tengo ninguna duda de que no está tomando esta decisión por esas consideraciones, en un momento donde el gasto hay que focalizarlo donde realmente duele".

"O sea, la memoria es importante, pero son más importantes a mi juicio hoy día los derechos fundamentales de las personas que no tienen vivienda", aseveró.

Paulina Vodanovic: No se puede entender la indolencia con que el Gobierno toma este tema

No obstante, desde la oposición, la decisión ha generado diferentes cuestionamientos y la senadora por la Región del Maule y timonel socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que bajo el argumento de estrechez fiscal no se puede justificar la "indolencia moral".

"Afecta a nuestro país, afecta a las víctimas, las revictimiza. Bajo esta consigna de 'no hay plata', no puede ser que finalmente haya una indolencia moral frente a la sociedad chilena", enfatizó.

En ese sentido, apuntó que "nuestros hijos, nuestras hijas requieren también saber lo que ocurrió en Chile. Y en el caso de Colonia Dignidad, decirles que ahí además murieron personas, se torturaron personas, murió la dirección clandestina del Partido Socialista, que fue cremada y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén".

"Para eso es necesario ese sitio de memoria, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan dramáticos y dolorosos como ese. Entonces, uno puede entender que haya restricciones presupuestarias; lo que no se puede entender es la indolencia con que el Gobierno toma estos temas", planteó.

Entre las víctimas de la dirección clandestina del PS estuvo el médico y exdiputado Carlos Lorca: su hermano, Jaime Lorca, calificó como "una aberración" lo determinado por La Moneda, "pero no es una sorpresa para mí".

"Creo que el gobierno anterior no pudo concretar su compromiso con las organizaciones de derechos humanos, y en eso (hay una) falta. Pero de este Gobierno no me sorprende nada, porque creo que esta gente viene con una política de negacionismo y de perdón a los crimenes de la dictadura. Tocará impedir aquello al movimiento social y de derechos humanos", reflexionó.

La decisión ha generado reacciones también de exautoridades. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, consideró incomprensible que se reviera el proceso, mientras el otrora ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió la expropiación y señaló que no se ocupó ningún recurso, ya que estaba en proceso debido al alto costo de ejecutarlo.