La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) planteó crear una cuenta de ahorro habitacional destinada exclusivamente a reunir el pie exigido para un crédito hipotecario, lo que la organización apunta como una de las principales barreras para acceder a una primera vivienda.

De acuerdo con la nota publicada por la CChC, la eventual libreta facilitaría la compra de un inmueble nuevo o usado de hasta 4.000 UF, o bien, permitiría realizar mejoramientos significativos en la vivienda principal.

La propuesta contempla dos incentivos complementarios: una exención del impuesto a la renta sobre los recursos de la cuenta (depósitos y rentabilidad), y una bonificación estatal sobre el monto aportado por la familia, con un monto máximo por beneficiario.

El presidente de la Comision de Alternativas de Financiamiento de la CChC, Claudio Nitsche, abordó la propuesta durante el seminario Desafío Vivienda 2035 este miércoles: "Pensemos que hoy en día, una familia cualquiera puede esperar entre siete a 11 años para juntar el pie de la vivienda que desea. Y hay muchas familias que, cuando ven ese horizonte de tiempo, decididamente desestiman la opción, pues (creen que) nunca será posible acceder a una vivienda".

"Estas medidas pueden reducir ese periodo en hasta cuatro años. (Las familias) van a saber que con este sistema, la gente podrá ir juntando, y dependiendo del tamaño de la vivienda, ese dinero podrá ser hasta duplicado en el valor, más los intereses", garantizó el experto.

La propuesta fue detallada por la CChC en su seminario Desafío Vivienda 2035 de este miércoles. (Foto: CChC)

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, que también estuvo presente en el seminario, hizo ver que "existen más de 20 millones de libretas de ahorro en Chile, y 7 millones de ellas están destinadas a la vivienda. Por lo tanto, el chileno sí ahorra, en la medida que puede".

"En lo que tenemos mucho espacio de mejora es en la consistencia de ese ahorro y ello depende, por una parte, de los incentivos, y por otra, de cómo los ingresos recurrentemente permiten ahorrar", relevó.

Según datos de la CChC, entre 2003 y 2024 las familias redujeron su tasa de ahorro de 15,5% a 9,3% del ingreso disponible, mientras que su nivel de endeudamiento aumentó de 38% a 78%. En el mismo período, el precio de las viviendas ha aumentado significativamente, superando el crecimiento de los salarios y del PIB.

Presidente Kast: "Tenemos que fomentar el ahorro"

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast encabezó otra actividad en materia de vivienda: la promulgación de la ley que amplía la cobertura del programa FOGAES, aumentando de 50.000 a 80.000 los subsidios disponibles, y que también incrementa el valor máximo de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF, además de extender los beneficios hasta el 31 de mayo del 2028.

"El aumento (del valor de las) viviendas llega al 90% de las personas que las necesitan. Es una gran noticia, pero a veces no se le da el peso, porque hay personas que no tienen la renta, y postulan a que el Estado les entregue la casa completa. También tenemos que fomentar el ahorro", manifestó el Mandatario.

Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, encabeza promulgación del FOGAES ampliado y nuevo subsidio para adquirir viviendas de hasta 6 mil UF.#Chile pic.twitter.com/NTvBzJFIyr

— Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) August 26, 2026

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el FOGAES como "una iniciativa que ha funcionado en el pasado, y valoramos las cosas que funcionan, las prorrogamos y las ampliamos", lo cual estará vigente a partir de septiembre próximo.

El jefe de la billetera fiscal recordó que la norma "consiste en otorgar un subsidio a la tasa de interés y además, provee una garantía a los que prestan el dinero para esa adquisición".

En cuanto al nuevo tramo DS 4.000, estará disponible a partir de noviembre, a través de un llamado especial con 5.000 cupos.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un ataque armado ocurrido durante la noche del martes en la comuna de Conchalí, donde un hombre resultó herido de gravedad al recibir un disparo en el abdomen.

Según las diligencias policiales, tres sujetos atacaron a la víctima para apoderarse del predio donde residía —el cual se encontraba ocupado por él mismo— con la aparente finalidad de establecer un punto de venta de drogas.

"La víctima, un chileno de 61 años, se encontraba al interior del inmueble y escuchó fuertes gritos. Al salir, se percató de la presencia de tres sujetos que lo invitaron a acercarse, momento en que uno de ellos extrajo un arma de fuego con la cual efectuó a lo menos seis impactos, impactando uno de ellos en el abdomen de la víctima para luego estas personas darse a la fuga en dirección desconocida", detalló el comisario Sebastián Duke, de la BH Centro Norte.

Tras la agresión, el afectado fue auxiliado por un familiar y trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital San José, donde ingresó a pabellón para ser intervenido quirúrgicamente y se mantiene fuera de riesgo vital.

Una auditoría financiera al Programa de Integración Urbana de Campamentos —administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto a los Serviu regionales— reveló severas anomalías en la asignación y pago de subsidios de arriendo entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Informe N° 314 de 2026 emitido por el organismo fiscalizador, el programa —que cuenta con financiamiento parcial mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 120 millones de dólares— registró desembolsos a personas fallecidas, arrendamientos entre familiares directos y doble beneficio habitacional.

Entre los principales hallazgos del informe se estableció que "168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos", advirtiéndose además que "la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos, situación que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553".

Asimismo, el documento consignó infracciones directas a las normas del beneficio al detectarse vínculos de parentesco entre arrendadores y arrendatarios: "172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases del beneficio. Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033".

Además, "19 beneficiarios mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos del programa. Los pagos efectuados en estos casos totalizan $14.405.016".

En paralelo, la auditoría comprobó que "dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024", lo que representó desembolsos indebidos por 3.539.119 pesos.

Instrucciones del ente fiscalizador

Ante las anomalías comprobadas, el organismo de control dispuso medidas inmediatas para subsanar la rendición de los fondos internacionales y determinar las culpas administrativas correspondientes.

Según precisó el reporte, la Contraloría "instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para acceder al subsidio".

De igual forma, el documento concluyó señalando que la entidad del Ejecutivo "deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por la auditoría".

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Irregularidades en subsidios de arriendo del MINVU.
La nota acá 👉 https://t.co/vBVds4Bzw4 pic.twitter.com/M92uG0J0Yi

— Contraloría (@Contraloriacl) August 24, 2026

La respuesta del Minvu: sumario administrativo y atribución de responsabilidades

Tras la difusión del informe de la CGR, desde el Minvu precisaron que "los hechos observados corresponden a la administración anterior, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric".

La cartera que dirige el ministro Iván Poduje indicó que "una vez conocido el informe final de Contraloría, en julio de 2026, y mediante la Resolución Exenta N° 1.051, la actual Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo instruyó iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados y adoptar las medidas que correspondan".

La autoridad instruyó "a todos los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) adoptar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos asociados a los pagos irregulares".

"Las irregularidades detectadas deben ser investigadas, se deben establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar todas las acciones necesarias para recuperar los recursos pagados indebidamente", enfatizó el Minvu.

Captura de pantalla de una publicación en la cuenta X del ministro Iván Poduje, 25 de agosto de 2026.

La semana pasada, el ministro Poduje confirmó que el programa de "Arriendo a Precio Justo", impulsado por la Administración Boric, no continuará, argumentando que no va en el enfoque del actual Gobierno, que busca que las personas sean propietarias y no arrendatarias.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, espera que el presupuesto de su cartera aumente un 23,9% en 2027, con el objetivo de financiar los planes habitacionales del Gobierno y reforzar el papel de la construcción en la generación de empleo.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado sostuvo que el Minvu necesita recursos adicionales para avanzar en la meta de 400 mil viviendas durante el actual período presidencial y proyectó que, con la cartera operando a plena capacidad, podrían generarse cerca de 190 mil empleos.

"Esperamos un aumento considerable en nuestro presupuesto", afirmó Poduje, quien cifró posteriormente ese incremento en 23,9% respecto de los recursos asignados para este año. Según detalló, unos 150 mil empleos estarían asociados a nuevas viviendas, 20 mil a reparaciones y cerca de 26 mil a obras urbanas, como pavimentos, parques, áreas verdes y sedes vecinales.

El ministro planteó que este incremento no sería incompatible con el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo, aunque sostuvo que los recortes deberían realizarse en otras áreas. "Se puede hacer ajuste fiscal, sí, pero no en ministerios que mueven la inversión y generan empleo, como el nuestro", señaló.

Construcción como motor de reactivación

Poduje sostuvo que el Minvu debiera tener un tratamiento distinto dentro del ajuste fiscal, debido al peso que la construcción tiene en la inversión y el empleo. Según explicó, esa definición no proviene solo de su cartera, sino que ha sido planteada por Hacienda dentro de la estrategia de reactivación económica del Gobierno.

"Vivienda, como el mismo ministro Quiroz ha dicho, es un motor de la reactivación económica, el principal", afirmó. Por ello, defendió que los recortes se concentren en otras reparticiones y planteó que será Hacienda la encargada de definir cómo financiar el aumento solicitado. "Nosotros necesitamos lo que le he nombrado para ser un pilar de la reactivación económica de Chile, y Hacienda tiene que ver de dónde saca y dónde recorta", sostuvo.

A ese escenario se suma la presión que ha enfrentado el presupuesto de Vivienda por la reconstrucción en Biobío y Ñuble. Poduje detalló que durante los últimos cinco meses la cartera ha utilizado cerca de 320 mil millones de pesos de sus programas regulares, mientras espera recibir 465 mil millones de pesos contemplados para financiar esos trabajos.

El ministro advirtió que esa situación tiene un límite. "Hemos tenido que funcionar con recursos haciendo magia y ya no podemos hacer más", afirmó, agregando que, si los fondos no llegan, el Minvu tendría que detener parte de la reconstrucción hasta que los recursos sean aprobados.

La tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 comenzará en septiembre, instancia en la que deberá definirse si la cartera obtiene el incremento solicitado por Poduje.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, arremetió este sábado contra el impacto que los hallazgos arqueológicos están teniendo en la ejecución de la política habitacional en Chile.

Según un reciente informe de la cartera revelado por Ex-Ante, entre el 2021 y 2026, el Estado debió desembolsar un total de 322.153,01 UF (aproximadamente 13.160 millones de pesos) para cubrir costos derivados de hallazgos paleontológicos y arqueológicos en terrenos destinados a viviendas sociales.

"En los últimos cinco años tuvimos que gastar 13.200 millones de pesos en 'hallazgos arqueológicos'. Además del enorme costo, retrasaron la entrega de viviendas sociales quince meses, afectando a familias vulnerables", cuestionó el secretario de Estado en su cuenta de la red social X.

Poduje calificó el actual reglamento de excavaciones como "totalmente abusivo" y solicitó una modificación urgente de la normativa. (FOTO: ATON)

"¿En qué museo están expuestos estos hallazgos? ¿Qué estudios se han hecho con ellos? Exigiremos respuesta al Consejo de Monumentos e iremos a Contraloría en caso de que no haya respuesta", anunció Poduje.

Conflicto con el Consejo de Monumentos Nacionales

La crítica del titular de Vivienda apunta a la eficiencia y el destino de los recursos invertidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que es el organismo encargado de supervisar estos hallazgos.

Según explicó la autoridad al medio antes citado, desde su cartera oficiarán al organismo para saber "en qué lugar están expuestos estos hallazgos y, en caso de no estar expuestos o que estén guardados en una bodega, recurriremos a la Contraloría con el objetivo de que se nos restituyan los gastos".

Además del costo del rescate y la contratación de especialistas, el Estado debe asumir los pagos a empresas constructoras por la paralización de las obras.

Un informe del Minvu cifró en más de 13 mil millones de pesos los costos asociados a rescates arqueológicos entre 2021 y 2026. (FOTO: ATON)

Casos críticos: Lota Green y Rincón del Paraíso

El informe detalla que 12 proyectos inmobiliarios han sufrido estas consecuencias. El caso más oneroso es el de Lota Green, en la Región del Biobío, un proyecto de 600 viviendas en el que el Minvu tuvo que desembolsar 9.569 millones de pesos adicionales debido a descubrimientos arqueológicos, retrasando la obra por 21 meses.

Según se advirtió, esto implicó un costo extra de 15 millones de la divisa nacional por cada vivienda construida.

Por otro lado, el mayor retraso se registró en el proyecto Rincón del Paraíso, en Lago Ranco, Región de Los Ríos. Esta obra, destinada a 81 familias, sufrió una extensión de contrato de 84 meses (siete años) por motivos arqueológicos, encareciendo el presupuesto en más de dos millones de pesos por solución habitacional.

En promedio, el descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos retrasa la entrega de los proyectos en 15 meses. (FOTO: ATON)

Otros proyectos en Osorno, Colina y Chillán Viejo también presentan cifras similares de sobrecostos y demoras.

Hacia una modificación del reglamento

Ante este escenario, Poduje anunció que no se quedarán solo en la denuncia de los gastos, sino que buscarán un cambio estructural en la forma en que se gestionan estos eventos en las obras públicas.

"Vamos a solicitar que el CMN modifique su reglamento de excavaciones porque es totalmente abusivo", afirmó el titular del Minvu, subrayando que hace solo dos años el Estado debió sumar un costo extra de 50 UF por vivienda social para cubrir estos imprevistos.

El Gobierno dio por finalizado este jueves el emblemático desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, luego de terminar con el desarme de las viviendas y entregar el terreno a su propietario.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que "para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no hay espacio para que no se cumpla la ley. Por lo tanto, acá, después de un trabajo que han liderado nuestras autoridades regionales y nuestros delegados presidenciales, podemos decir hoy que, desde el 30 de junio en adelante, se concretó el desalojo y la demolición de 800 techos, involucrando a más de mil personas".

El terreno comprende 98,4 hectáreas: 58,4 de ellas fueron desalojadas, en una primera etapa en enero, mientras que las 40 restantes fueron desalojadas en una segunda etapa entre julio y agosto.

Manuel Millones, delegado presidencial regional, se refirió al futuro del terreno, precisando que "el fallo de tribunal ha establecido dos condicionantes, que era la zanja para evitar la re-toma y también el cerco, cosa que el propietario está cumpliendo, ya lleva cerca de 500 metros desarrollados respecto a la excavación".

"Por otro lado, el propietario nos ha pedido la posibilidad de habilitar, dentro del mismo predio, un botadero de escombros, que significaría despejar el terreno y concentrar dicho material en un solo lugar, también restableciendo reciclaje. El propietario nos ha pedido la autorización para media hectárea y así dejar todo lo que se refiere a escombros", añadió.