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La erradicación del campamento "Toma Dignidad" -ubicado en la zona suroriente de la Región Metropolitana- ha alcanzado un avance de entre el 25 % y el 30 % durante la mañana de este miércoles, en un operativo que busca erradicar el asentamiento, emplazado en una zona de alto riesgo de aluvión.
En el procedimiento participan efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, junto a equipos municipales de La Florida.
Un operativo de alta complejidad
El cronograma definido por las autoridades contempló una intervención de 72 horas, con despliegue de grúas y camiones.
Durante la primera jornada, el día lunes, se concretó la salida de las personas desde las viviendas. La segunda etapa, estuvo enfocada en el derrumbe de las construcciones, mientras que este miércoles se realiza la remoción final del material y escombros.
Sin embargo, a diferencia de las estimaciones iniciales, las autoridades confirmaron que los trabajos de demolición y limpieza se extenderán hasta el día viernes.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló: "Se está avanzando desde dos frentes distintos, uno al poniente y uno al oriente. Esto no solo ha permitido avanzar más rápido, sino también tomar resguardos para la tranquilidad de las familias". Solo durante las primeras horas de esta jornada, ya se contabilizan cerca de 40 viviendas demolidas.
Como medida de seguridad, se mantiene un corte total de tránsito en el eje de Departamental con Mariano Sánchez Fontecilla.
Ahora (07:42) restricción de tránsito en Mariano Sánchez Fontecilla al sur desde Av. Departamental en #LaFlorida, debido a procedimiento policial por desalojo en "Toma Dignidad". Situación no afecta flujo en cruce de Av. Departamental con Tobalaba pic.twitter.com/XM9HgsYMws
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 25, 2026
Tensión en el desalojo
Esta mañana se registraron momentos de tensión cuando grupos de personas levantaron una barricada para impedir el ingreso policial, situación que fue controlada poco después por el personal desplegado en el lugar.
En el procedimiento también fue detenida una dirigenta del asentamiento, quien ya cuenta con un subsidio de arriendo asignado por el Serviu, acusada de desórdenes y amenazas contra funcionarios municipales.
El coronel Ignacio Toledo, de Carabineros de Chile, explicó: "En la primera fase encontramos un foco de resistencia muy menor por parte de algunos pobladores (...) pero con la intervención de agentes de diálogo de Carabineros y el apoyo del vehículo lanza agua de personal COP, esta se apagó", señaló.
Subsidios y apoyo social: la salida para las familias
Uno de los puntos clave del operativo es el acompañamiento económico para quienes deben abandonar el terreno. El alcalde de Daniel Reyes explicó que el objetivo es restablecer el Estado de derecho sin desproteger a quienes colaboren con el proceso.
"Hemos hecho un trabajo pormenorizado para que, en la medida que esas personas cumplan con los requisitos, puedan acceder a algún tipo de subsidio transitorio en la modalidad arriendo. Esto es para el restablecimiento del imperio de la ley y para inhabilitar el terreno, considerando que es una zona de exclusión inhabitable", enfatizó el jefe comunal.
El subsidio consiste en un pago de 520 mil pesos mensuales —más de seis millones al año— destinado a 62 familias seleccionadas. El principal requisito es presentar un contrato de arriendo, que puede pactarse con un familiar. Hasta ahora, 14 familias ya han recibido el beneficio.
Además, para quienes no cuentan con un lugar inmediato donde pernoctar, se habilitaron albergues con capacidad para 50 personas —aunque hasta ahora no ha llegado nadie— y un operativo para resguardar 158 mascotas registradas (98 perros y 60 gatos), trasladadas a una cancha cercana habilitada por la Municipalidad de La Florida como refugio temporal.
No obstante, una vecina desalojada cuestionó esta alternativa temporal. "Tengo que ir al albergue, pero voy a estar 72 horas, ¿y qué hago?... Si dejo mis cosas me las van a robar, pero tampoco puedo ir a trabajar con ellas". Además, acusó falta de diálogo por parte de las autoridades: "Nunca quisieron ingresar a la mesa tripartita, siempre hicieron cosas con violencia", sostuvo la afectada.
La revelación del alcalde: propietarios y exclusiones
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la declaración del alcalde de La Florida Daniel Reyes.
"Efectivamente, un número importante de personas no cumple con los parámetros de las políticas habitacionales del Estado. En algunos casos ya tienen subsidios e incluso hemos descubierto personas que ya cuentan con viviendas", reveló Reyes.
Además, el jefe comunal abordó la situación de la población extranjera —que representa cerca del 40% del campamento— señalando que una parte se encuentra en condición migratoria irregular. "A ellos hay que hablarles con total franqueza, no van a poder acceder a una solución habitacional".
Futuro del terreno
Tras el cierre del operativo este viernes, el terreno quedará bajo custodia municipal para iniciar la construcción de un parque que conectará con la red de la Quebrada de Macul. La medida busca ser la solución definitiva para evitar que la zona vuelva a ser habitada, eliminando el riesgo de que se repita una tragedia como el aluvión de 1993.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, presentó este lunes la nueva "Guía para la identificación y el manejo de ruidos molestos en condominios", que busca crear conciencia sobre esta problemática y generar instancias para una mejor convivencia entre vecinos
El documento, disponible en www.minvu.cl, ofrece una serie de recomendaciones prácticas que incluyen la identificación de los tipos de ruidos molestos, sugerencias de horarios para la realización de actividades sonoras y un desglose de la normativa vigente, leyes y ordenanzas que regulan la vida en comunidad.
Folleto Guia Ruidos Molestos by Radio Cooperativa
"Los ruidos molestos afectan mucho la calidad de vida de todos y, particularmente, las personas que están viviendo una circunstancia de enfermedad o distintas realidades", enfatizó el ministro del Minvu, Carlos Montes.
"Nuestro objetivo es contribuir a que mejore la calidad de vida, no solo que haya vivienda, sino que también haya mejores conjuntos, mejores barrios y ciudades. Por eso es que hemos puesto un fuerte énfasis en el tema de los condominios", subrayó el secretario de Estado.
La secretaria ejecutiva de Condominios, Doris González, aclaró los pasos a seguir cuando el diálogo no es suficiente:
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió públicamente a los parlamentarios UDI que emitieron críticas contra los resultados del Plan de Emergencia Habitacional y afirmó que aquéllas "son bastante erróneas" y constituyen "un argumento profundamente desinformado".
El diputado gremialista Juan Fuenzalida -integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso- manifestó que las cifras entregadas por la cartera en torno al avance del plan son "infladas" y que una parte significativa de los inmuebles fueron gestionados durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).
Asimismo, su compañero de partido y senador, Gustavo Benavente, recordó la deuda que tiene el Minvu "con varias empresas contratistas, que aún se sigue manteniendo".
Ante esto, el ministerio, a través de un comunicado, señaló que "cuestionar el Plan de Emergencia Habitacional parece bastante erróneo, pero, por sobre todo, un argumento profundamente desinformado que busca desmerecer una política pública exitosa y reconocida transversalmente a una Administración en particular".
"Este es un trabajo que trasciende las Administraciones: por ejemplo, en el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejó en proceso 80.863 viviendas. Luego, la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó otras 118.238 en proceso de construcción o en vías de iniciar obras", sostuvo la cartera.
"Lo mismo ocurre en esta gestión: a enero de 2026, se han entregado 254.102 viviendas en todo Chile, lo que representa el 97,7% de la meta comprometida al inicio de esta administración", detalló el Minvu.
"Es importante destacar que el Plan de Emergencia Habitacional fue apoyado de manera transversal en el Congreso y sus resultados fueron reconocidos, lo que se tradujo en la prórroga unánime de la Ley 21.450 hasta el año 2029, lo que refuerza su proyección como una política de Estado orientada a garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada", destacó la cartera.
Tres comités sociales de la megatoma de San Antonio presentaron, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un recurso de protección -por vulneración de derechos- en contra de la Delegación Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el asentamiento, Gloria Maira.
Los recurrentes sostienen que 2.143 familias han sufrido afectaciones físicas y psíquicas a raíz de los desalojos realizados en el Cerro Centinela (donde se ubica la megatoma), que consideran como ilegales, arbitrarios y sin resguardo adecuado.
También acusan vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.
Dafne Aránguez, representante de los mencionados comités, informó que el recurso se sustenta en las consecuencias que, según denuncian, han provocado las actuaciones de la Delegación Provincial de San Antonio, incluyendo la negativa a entregar información sobre los desalojos realizados.
Por su parte, el vocero del Movimiento Pobladores Organizados, Gustavo Sepúlveda, señaló que la querella por estafa presentada en contra del titular del Minvu, Carlos Montes, fue declarada inadmisible. Sin embargo, el representante indicó que se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
El recurso de protección también describe supuestas irregularidades en el desalojo iniciado en enero de 2026, como demoliciones anticipadas, falta de datos sobre reubicaciones, carencia de apoyo suficiente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad; además de presuntas omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos.
Los comités también piden -en la ampliación de su requerimiento- la suspensión del desalojo, el cese del hostigamiento y la adopción de medidas cautelares para familias y dirigentes. Además, solicitan subsidios de arriendo por al menos dos años para 120 socios directamente afectados.
Al respecto, desde la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio enfatizaron que toda persona tiene el derecho legítimo de recurrir a los tribunales y afirmaron que los procedimientos realizados se ajustaron a lo ordenado por los órganos jurisdiccionales.