La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) destacó que, a casi un año de la promulgación de la ley que creó el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, la venta de casas nuevas aumentó en un 20%.

La medida, planteada por la misma CChC y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) para reactivar el mercado inmobiliario, fue calificada como exitosa en su momento y ofrecía un total de 50 mil subsidios con un plazo de 2 años o hasta agotar stock, para la compra de viviendas de menos de 4.000 UF.

Las últimas cifras de febrero de ABIF mostraron que casi 40 mil beneficios fueron otorgados y casi 20 mil solicitudes estaban en evaluación. Asimismo, en el primer trimestre de ventas nuevas en la Región Metropolitana, según el informe de la CChC, se aumentó 19% en 12 meses, pasando de 4.897 a 5.809 unidades, consignó La Tercera.

En cuanto a las ventas netas, que considera los desistimientos, el aumento es de un 35%. De acuerdo a la CChC, se trata de la máxima alza para un primer trimestre desde 2021, época de pandemia del Covid-19.

Alfredo Echavarría, presidente de CChC, destacó el "impulso que dio la ley de subsidio a la tasa, que, con un muy bajo impacto fiscal, incentivó a muchas personas a decidir la compra de viviendas de hasta 4.000 UF. Esta medida ayudó a bajar los dividendos mensuales y a tener más acceso al financiamiento, convirtiéndose en una herramienta muy valorada por las personas".

En ese sentido, precisó que durante el primer trimestre de este año subió un 27% la venta de viviendas de menos de 4.000 UF.

Desde el Ejecutivo, han planteado que el subsidio se extenderá hasta tramitar otras medidas como la exención transitoria del IVA a la venta de Vivienda. No obstante, hasta el momento, no se ha presentado ningún proyecto para prolongar su efecto.

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De todas formas, desde el gremio señalaron que la suspensión del IVA por 12 meses "sin duda tendrá impacto, pero este será muy variable dependiendo de la incidencia del costo del terreno que no está afecto a IVA y dependiendo de la situación del IVA crédito que tenga cada proyecto".

"Creemos que debe complementarse con una extensión del subsidio a la tasa, medida que ha sido muy exitosa y que beneficia directamente a las personas, al reducir el valor de los dividendos en cerca de un 11%. En cualquier escenario, será fundamental avanzar con prontitud en la discusión de la ley para clarificar su alcance e impacto real", sostuvo la CChC.

Por otro lado, el informe dio cuenta de un alza en el precio de las viviendas, de 5,2% anual: 6% para departamentos y 3,4% para casas.

Echavarría apuntó a que el fenómeno "se explica por componentes estructurales como la sobrerregulación de nuevas exigencias técnicas, desactualización de planos reguladores, tributarios, aumentos en el costo del empleo (ley de 40 horas) y aumentos de costos de materiales a partir de la pandemia".

"Si bien no es posible verlo reflejado aún en la estadística oficial, se espera que en el mediano plazo la situación actual de la guerra en Medio Oriente tenga también un impacto, tanto en los precios de materiales de construcción como en costos asociados al alza del precio de los combustibles, con las obvias consecuencias en el precio de las viviendas", afirmó.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó la querella que la empresa Social Arquitectura interpuso en su contra por paralizar anticipadamente las obras de reconstrucción que llevaba a cabo en el sector El Olivar en la Región de Valparaíso, tras los devastadores incendios de 2024. 

La compañía ingresó la querella ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso con el fin de invalidar una serie de actos administrativos decretados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que ordenó revocar el convenio con la empresa y continuar con el cobro de una boleta de garantía por 500 UF (poco más de 20 millones de pesos) que, posteriormente, fue suspendido de forma provisoria.

Ante ello, Social Arquitectura exige una indemnización de más de 12 mil millones de pesos por perjuicios ocasionados.

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"Nos parece insólito", dice el Minvu

En este contexto, desde el Minvu respondieron que todas las decisiones adoptadas han estado basadas en antecedentes técnicos, en la normativa vigente y en el resguardo tanto de los recursos públicos como de la seguridad de las familias damnificadas.

"Nos resulta inverosímil que, mientras este ministerio denuncia eventuales fraudes que afectan a cientos de familias damnificadas, instruye todos los sumarios administrativos y adopta las medidas para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares técnicos exigidos para entregar viviendas adecuadas, existan voces en el Congreso que aboguen por una entidad que actualmente, además, está siendo investigada por la Fiscalía", dijo la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar.

"Nuestra prioridad ética, técnica y profesional, como la de todos los funcionarios de este ministerio, está en las familias de El Olivar y en cumplir con otorgarles una solución habitacional que responda a los estándares que corresponden, a más de dos años del voraz incendio ocurrido en la Región de Valparaíso", defendió.

La cartera desestimó previamente las acusaciones de fraude al Fisco y coacción por parte de la empresa, que reiteradamente ha denunciado a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos "forzados" que justificaran el término anticipado de contratos con Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián Limitada, junto a la decisión de demoler 52 viviendas con más de un 90% de avance en El Olivar.

Por su parte, el titular del Minvu ya había denunciado ante el Ministerio Público a ambas empresas por eventuales delitos de fraude al Fisco, estafa, uso malicioso de certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias, entre otras figuras penales.

La respuesta de Poduje

El propio ministro reaccionó a esta acción legal en horas de la tarde, insistiendo que "nos encontramos con una inmobiliaria que hizo casas falladas, que están acreditadas por el IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales) de la Universidad de Chile y por el DITEC (Directorio Técnico de la Construcción)".

Por lo demás, dijo estar "contento" por la idea de enfrentar una interpelación impulsada por bancadas de oposición: "Vamos a llevar toda la información que requiera el Congreso para acreditar que no podemos entregar casas falladas a la gente".

"Algunas personas nos han dicho que reparemos las casas falladas y con riesgo sísmico (pero) no. Las vamos a demoler y a entregar casas nuevas. Afortunadamente, son solo 50 de más de 350 que tenía esta empresa, contra la cual nos hemos querellado", cerró Poduje.

Social Arquitectura acusa que Minvu ignoró antecedentes técnicos

Por su parte, la abogada de Social Arquitectura, Erika Maira, apuntó que el ministro Poduje ignoró los antecedentes técnicos que él mismo solicitó en torno al proyecto habitacional que solicitó demoler.

"Quiero hacer hincapié en que estas casas no se habían terminado de construir ni se habían entregado, por lo tanto, en el curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado y no lo hubiera interrumpido fuera de toda facultad, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones que son perfectamente posibles de plantear y son comunes en los contratos de construcción", aseguró.

Asimismo, sostuvo que "para nosotros es llamativo, entonces, que el ministro reiteradamente ha ignorado los antecedentes técnicos que él mismo ha solicitado y que no refrendan su posición".

Desde la arista política, tras el anuncio de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) planteó que "es un caso de vivienda que no cumplía estándares antisísmicos, estructurales y contra incendios".

"Si el Ministerio de Vivienda ha llegado a la convicción técnica y económica de que las reparaciones tienen costos altos tanto sociales como de seguridad, y que por ello la demolición es el mejor camino para solucionar el problema de fondo de estas familias, debemos sumarnos a la solución. El bienestar de las familias no puede estar invisibilizado por el aprovechamiento político de la oposición", aseveró.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) indicó que "no se entiende, en términos concretos, por qué tienen que demolerse esas casas. La verdad es que nosotros también, como Partido Socialista, vamos a oficiar para saber por qué y cuál es el sentido de esto, porque en realidad, en términos de construcción, la medida no se entiende".

"Obviamente esperamos la respuesta de él (Poduje), que debe ser muy razonable, pero ojalá que lo haga en términos mesurados y no como ha estado lamentablemente actuando hasta ahora", arremetió.

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados enviará un oficio a Contraloría tras las órdenes de demolición de viviendas construidas tras el megaincendio en Viña del Mar, donde se acusa que no hay claridad en los papeles que les han hecho firmar a los vecinos del sector El Olivar.

La medida impulsada por el titular del Minvu, Iván Poduje, demolerá 50 obras llevadas a cabo por la constructora San Sebastián tras el megaincendio de 2024. Esto debido a posibles fallas estructurales detectadas por la división técnica de la cartera en materiales y ejecución de obras.

En paralelo, se acusa que vecinos de El Olivar fueron convocados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso a reuniones informales sin previo aviso ni claridad sobre su finalidad, en las que se les habría solicitado firmar documentos vinculados a la demolición de sus casas, bajo la premisa de no retrasar el proceso de reconstrucción.

La diputada Ana María Gazmuri (bancada PC) señaló que "tenemos versiones totalmente contradictorias. Aquí lo que necesitamos desde nuestro rol fiscalizador es claridad. Claridad para las decisiones que se toman; claridad porque efectivamente lo que hemos conocido es que estos informes no estarían señalando que la solución era la demolición. Entonces queremos entender qué pasó acá".

"También hay un problema con las fechas: un informe que sale el día 13 (de abril), después se sabe que se había hecho el día 9 (de abril). Hay información poco clara, que es parte de los problemas que vemos, porque se les ha hecho firmar papeles en que ellos voluntariamente renuncian a esta entidad patrocinante y por lo tanto automáticamente le dan de baja a ese proyecto, pero esto siempre con poca claridad, sin que los vecinos supieran que era eso lo que estaban firmando", denunció la parlamentaria.

No obstante, el presidente de la Comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), respaldó la gestión de Poduje: "No me cabe ninguna duda de que la gran labor que está realizando el ministro Iván Poduje es de primer nivel, recorriendo el país y sobre todo preocupándose de que las viviendas sean de óptima calidad para mejorar la calidad de vida de cientos y miles de chilenos. Apoyo al ministro por su trabajo que está realizando y desplegado en el país".

Montes enfrenta posible acusación constitucional

Por otra parte, el exministro de Vivienda Carlos Montes abordó la posible acusación constitucional en su contra por el Plan de Emergencia Habitacional: "Es parte de las reglas que los ministros salientes puedan, durante tres meses, ser convocados. Hasta el momento lo que se ha planteado es a propósito de un informe de la Contraloría, que yo voy a ir el martes y el miércoles a las dos cámaras a explicar, a dar una opinión al respecto; fui invitado y espero que se aclaren las cosas".

"Aprendí que las instituciones democráticas deben respetarse y buscar responder ahí, y voy a tratar de explicar lo que realmente dicen las cosas, no las interpretaciones que se han hecho", aseveró.

Asimismo, señaló sobre la gestión de Poduje: "No soy comentarista de lo que él haga. Lo que sí yo quiero decir es que la vivienda es algo demasiado importante para las familias y requiere mucha unidad. El conflicto hace retroceder; hay que tratar de resolver las cosas unidos".

Carabineros logró frustrar una toma de terreno fiscal en la intersección de las calles Luis Urzúa y Violeta Parra, en el sector de Los Arenales, zona norte de la ciudad de Antofagasta.

Tras una denuncia de vecinos, personal policial llegó hasta el lugar y constató que había dos sujetos de nacionalidad extranjera "con herramientas y materiales de construcción, usurpando terrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales", relató el capitán Marcelo Vega, jefe de la Subcomisaría Antofagasta Norte.

Ambos sujetos -25 y 33 años de edad- se encuentran en Chile con situación migratoria irregular, y uno de ellos había sido desalojado del mismo sitio en el mes de marzo. Los dos quedaron detenidos.

El Presidente José Antonio Kast defendió este martes al ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras las críticas que recibió de la mesa de la Cámara Alta por sus declaraciones contra el senador Alfonso De Urresti (PS) y la Ley de Humedales.

El líder de Vivienda protagonizó un cruce con un asesor del parlamentario en el que criticó la iniciativa propuesta por De Urresti, aprobada por unanimidad en el Congreso y promulgada en el año 2020.

Esta situación, motivó la intervención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien reprochó el tono ofensivo de Poduje y pidió una actitud de respeto para la discusión de normas.

Asimismo, planteó que la forma de actuar del ministro podría impactar en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, afirmando que "no puede haber ministros sumando votos y, por otro lado, ministros restando votos".

Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes. https://t.co/44TjQ1D9UK

— Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) April 28, 2026

"Si uno se equivoca en una ley, hay que reconocerlo"

El Presidente Kast, en el marco de una entrega de viviendas en Rancagua (Región de O'Higgins), acompañado de Poduje, apuntó que "el sueño de la vivienda propia se fue alejando del alcance de muchas familias en Chile. Tenemos que recuperarlo, y por eso, el ministro (Poduje) que ha recorrido hartas zonas de Chile, ha planteado cosas que a veces parecen disruptivas".

"Tenemos que optimizar el uso del suelo, tenemos que buscar dónde están esos paños en las distintas ciudades para poder construir vivienda (...) Estuvimos en Valdivia hace un tiempo atrás, más allá del debate, pero se entregó a un sitio al Estado de más de diez hectáreas hace ya muchos años, y ahí está abandonado", señaló.

En ese sentido, reparó en que "cuando se dicta una ley a nivel nacional, que es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, que todos queremos cuidar, pero se abarcan áreas enormes porque se habla de humedales, bueno, pero el área es tan grande, (como) en Valdivia", y mientras tanto, "cuántas miles de familias hoy día no tienen dónde vivir".

"Hay terrenos que objetivamente no son humedales. Hay otros que sí, nosotros podemos resguardar y todo, pero partamos siempre desde la persona", enfatizó Kast.

Asimismo, planteó que en Chile se "dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos (arqueológicos), una punta de una flecha", y reflexionó: "¿Qué es lo primero? ¿La salud, la energía, la vivienda o el cuidado de nuestra cultura y nuestra historia? Yo creo que no son incompatibles, pero nosotros tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a toda la familia en Chile. Hay más de 500 mil familias que hoy día no tienen vivienda. Hay más de 120 mil familias que viven en campamentos, y terrenos hay".

"Cuando se comete un error, uno lo puede reconocer. Un error pequeño, como el que puedo haber cometido yo al haber almorzado con mis amigos en La Moneda (...) Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo", planteó.

En ese sentido, sostuvo que "uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde, porque con esta Ley de Humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal".

Poduje: "Todas las leyes deben mejorarse"

Por su parte, el ministro Poduje también abordó las críticas del Senado y declaró "gran respeto" por la Cámara Alta: "Si el senador se molestó con la forma, le pido mis excusas. Pero lo que quería decir es lo que señaló el Presidente: tenemos no solo en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, terrenos fiscales que no podemos usar porque la ley tiene aspectos que mejorar. Todas las leyes deben mejorarse".

"No tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador De Urresti si se sintió ofendido por mis dichos. Esto fue en una reunión, además, privada, donde también se habían dicho otras cosas que no aparecen con todos los videos editados. Se dijeron cosas también contra nuestro Gobierno", advirtió.

"Pedimos como urgencia precisar la ley, mejorarla y de esa forma compatibilizar el acceso al derecho a la vivienda con la protección de humedales, que son mucho más acotados que los que hoy día están definidos", enfatizó.

En cuanto a las críticas de la presidenta del Senado, Poduje apuntó: "Nos estamos esforzando por entregar vivienda. Me extraña que ella esté más molesta que el senador De Urresti".

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, desestimó que una eventual exención del IVA en la compra de viviendas nuevas -una de las medidas del proyecto de ley de reconstrucción- implique una rebaja equivalente al 19% en los precios finales.

"Cuando se habla de eliminar el IVA, se instala que es un 19%, pero no es así", afirmó Echavarría en El Diario de Cooperativa, ya que, según explicó, ese cálculo no considera cómo opera realmente el impuesto en el sector inmobiliario. En ese sentido, precisó que el gravamen se aplica solo sobre la construcción y no sobre el terreno, cuyo valor influye directamente en el precio total de la vivienda.

Según detalló el presidente de CChC, el terreno puede representar entre un 10% y un 40% del costo total de un proyecto, lo que reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto. A esto se suma que las inmobiliarias pagan IVA durante todo el proceso de construcción -por ejemplo, en la compra de materiales-, monto que descuentan al momento de la venta.

De esta forma, el eventual beneficio no corresponde al total del impuesto, sino solo a la parte final que queda por pagar tras descontar el IVA ya asumido durante la construcción. Por ello, el impacto efectivo en los precios sería acotado y podría oscilar entre un 2% y un 7%, dependiendo de cada proyecto.

En ese contexto, advirtió que, ante la expectativa de una rebaja mayor, "la gente está esperando con reticencia a comprar". Por ello, Echavarría llamó a acelerar la tramitación de la medida, señalando que "para que realmente ayude hay que apurar su tramitación", y evitar así que esa percepción siga frenando el dinamismo del mercado.

Impacto en empleo y reactivación del sector

Echavarría también abordó la situación laboral en la construcción, asegurando que el rubro enfrenta una "cesantía brutal", con niveles de desocupación de dos dígitos, superiores al promedio nacional.

Según explicó, uno de los principales problemas es el alto stock de viviendas disponibles, lo que ha frenado el inicio de nuevos proyectos. 

"Hay más de 200.000 viviendas con proyectos aprobados, listos para partir, que no tienen que entrar ni en un día de permisología (...) Y no parten porque ¿por qué van a partir construyendo, invirtiendo, si hay que esperar dos o tres años para que se acabe el stock y no van a poder vender?" sostuvo.

El dirigente enfatizó que, mientras no se reduzca el stock, las empresas no iniciarán nuevas obras, lo que impacta directamente en la generación de empleo, considerando que el sector es intensivo en mano de obra desde las primeras etapas.

Asimismo, defendió que las inmobiliarias ya realizaron ajustes en los precios, aunque descartó que puedan reducirlos de forma significativa sin asumir pérdidas.

"Nadie está dispuesto a perder plata. Son inversiones cuantiosas. Las viviendas ya han bajado respecto a lo que debieran estar vendiendo, considerando el alza salvaje de costos de materiales de los últimos dos años", enfatizó.

En ese escenario, planteó que medidas como la exención del IVA -aunque acotada en su efecto-, junto con herramientas como el subsidio a la tasa hipotecaria, pueden contribuir a reactivar la demanda y destrabar el mercado.

Finalmente respecto a la propuesta de invariabilidad tributaria para proyectos superiores a los 50 millones de dólares, el gremialista fue enfático en que es una medida necesaria para competir por capitales extranjeros.

"Yo no puedo atraer inversiones cuando hemos tenido en los últimos años reformas tributarias cada tres meses. Estamos hablando de proyectos grandes que requieren para su recuperación décadas. Si tiene el fantasma de que cada tres años hay una reforma y en el país del lado le garantizan que los impuestos se mantienen por un periodo razonable, esa inversión se va a ir a otro país", concluyó.