La tranquilidad de la familia de Carlos Muñoz Quintul en Punta Arenas se vio alterada tras recibir una notificación de remate sobre la vivienda que habitan. Carlos, un joven en situación de discapacidad, postrado debido a una enfermedad desmielinizante diagnosticada hace 17 años, fue beneficiario de esta casa entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en 2017.

La gravedad del caso residen en que, según la escritura original, la propiedad de los Muñoz Quintul se encuentra exenta del pago de contribuciones. Sin embargo, la madre de Carlos, Carolina Quintul, recibió este miércoles, por primera vez, un aviso de de remate por una deuda por concepto del impuesto cercana a los 300 mil pesos, que se arrastra desde abril del 2022 a noviembre del 2025.

"Me sorprendí porque yo cumplo con todos mis deudas, de todo, estoy al día, nunca he debido nada (...) Casi me dio un ataque (cuando llegó el aviso de remate)", relató la mujer.

Debido a esto, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, buscando frenar el proceso judicial que considera irregular. Esta acción es fundamental para evitar que la propiedad sea rematada el próximo 12 de junio, fecha establecida por el Juzgado de Letras de Punta Arenas.

"No se habría advertido que tanto de los antecedentes acompañados a la demanda y de lo que consta en el Conservador de Bienes Raíces, el inmueble está exento del pago de contribuciones. Este joven, en la actualidad, depende 100% de los cuidados que le otorga su progenitora. Evidentemente, no percibe ingresos, por lo tanto, se estima que el remate de su propiedad es un acto arbitrario e ilegal", explicó el abogado de la familia afectada, Robinson Quelín.

La recaudación del impuesto territorial en Chile atraviesa un momento crítico, con cifras de morosidad que la Tesorería General de la República califica como "alarmantes".

Un análisis de la consultora inmobiliaria Colliers, en el marco del debate sobre el proyecto de "reconstrucción nacional", puso de manifiesto un "deterioro sostenido" en los niveles de cumplimiento en los últimos años.

"De una morosidad del orden del 2,8% del total de contribuciones devengadas, esa morosidad pasó a un 14,3% de morosidad", alertó el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner.

En esta línea, afirmó que "las justificaciones por este monto de morosidad no existen. En ninguna empresa se puede admitir una morosidad de este nivel y, obviamente, habría habido sanciones de distinto tipo a los encargados de cobrar".

Se cuestiona severamente la labor de los responsables del recaudo, con ineficacia que impide el progreso de las arcas públicas. (FOTO: ATON)

La situación se agrava al observar ejemplos concretos en diversas comunas. Entre 2022 y 2025, la deuda neta por contribuciones se disparó:

• En Maipú, de 888 millones de pesos a 6.636 millones.
• En Viña del Mar, de 1.382 millones a 9.037 millones.
• En Las Condes, de 1.091 millones a 20.044 millones de pesos.

Estos datos, donde el incremento de la deuda fue de siete veces en cuatro años, entre 2022 y 2025, reflejan no solo un problema de cobro, sino también la vulnerabilidad financiera de muchas comunas.

El análisis destaca que el aumento se observa incluso en comunas de altos ingresos, donde el Fondo Común Municipal (FCM) cumple un rol redistributivo clave. "Esto sugiere que el límite de tolerancia al pago del impuesto territorial se ha alcanzado en amplios segmentos de contribuyentes, agravado por la persistente inflación y la presión sobre los presupuestos familiares", explicó Ana López, consultora del Área de Regularizaciones y Desarrollo de Colliers.

Según López, en el gráfico realizado por Colliers con cifras de la Tesorería General de La República, la curva ascendente es uniforme a lo largo del territorio: "Todas las regiones registran incrementos superiores al 400% en el período, con casos extremos como Tarapacá (+977%) o La Araucanía (+594%). Este patrón apunta a factores estructurales más allá de particularidades locales: el impacto del reavalúo sobre avalúos fiscales, sumado a un contexto macroeconómico que ha erosionado la capacidad de pago de muchos hogares".

Para la experta, el riesgo es evidente "diseñar políticas de alivio tributario, por más legítimas que sean, sobre una base de recaudación ya sometida a estrés severo puede amplificar los desequilibrios financieros de los municipios. La exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su vivienda principal, si bien responde a un principio de justicia intergeneracional, debe calibrarse considerando la real capacidad de los gobiernos locales para absorber la pérdida de ingresos sin deteriorar servicios esenciales".

Por su parte, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Arturo Orellana, advirtió sobre la "alta dependencia del Fondo Común Municipal" que tienen la mayoría de las comunas, incluso ciudades "capitales", con excepciones como Calama, que "recaudan muy poco" y tienen "muy poca autonomía de recursos".

Esta dependencia las hace incapaces de generar programas propios de desarrollo, como la "revitalización de sus centros urbanos".

El Gobierno propuso, como parte de su proyecto de "reconstrucción nacional", una medida que alivia la carga tributaria con miras a "reactivar el sector inmobiliario": la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas nuevas.

La iniciativa -bien recibida por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)- establece un plazo de un año para esta exención, aplicable a aquellas viviendas que cuenten con recepción municipal al momento de publicarse la ley.

Impacto real de la medida en el IVA a la vivienda

Si bien la noticia de una exención del IVA puede sonar como un beneficio directo del 19% para los compradores, el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, aclaró que el impacto real es más acotado de lo que popularmente se cree.

"Creemos que es una buena medida, que está bien pensada y va a haber un efecto, pero es acotado, porque el IVA a la vivienda no es un 19%", advirtió.

Según explicó Echavarría, "los terrenos no pagan IVA. Cuando se vende una propiedad, el terreno está exento de IVA. Se cobra el Impuesto al Valor Agregado sobre lo que corresponde a la parte de la construcción".

El gravamen solo aplica sobre el componente constructivo del inmueble, excluyendo el terreno, lo que, según el gremio, acota su impacto. (FOTO: ATON)

Esto significa que ese valor aplicable a la vivienda es variable y se calcula únicamente sobre el componente de construcción, no sobre el valor total de la propiedad.

"Es muy variable, puede llegar el IVA real, y que es el que se factura, puede ser desde un 17 hasta un 9%", señaló el también vicepresidente de la CPC.

Eliminación del pago de contribuciones

Otra de las medidas incluidas dentro del paquete de "reconstrucción nacional" es la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años.

Aunque se señala que es beneficiosa y tiene un impacto distinto a nivel macroeconómico para ayudar a las personas mayores, la medida también genera una interrogante importante sobre cómo se gestionará su impacto en las finanzas municipales.

"La medida es buena, macroeconómicamente es de un impacto distinto para ayudar a las personas mayores. Entendemos que se va a compensar el impacto que tengan los fondos municipales", dijeron desde el gremio.

La eliminación del pago de contribuciones se aplicará sólo a una vivienda, en caso de que los beneficiarios adultos mayores posean más. (FOTO: ATON)

Índice de calidad de vida urbana: Desafíos y dependencia de los municipios

La evolución de las condiciones de vida en las comunas chilenas, analizadas en la última versión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) para el período 2015-2025, muestra un panorama complejo, con avances y retrocesos.

Este índice es considerado crucial para entender el desarrollo territorial y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales, especialmente en relación con su autonomía financiera.

"En general, salvo excepciones, la mayoría de las comunas tiene una alta dependencia del Fondo Común Municipal. A pesar de que son ciudades capitales, salvo excepciones como Calama y otras, en general, recaudan muy poco", advirtió Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica.

Hay dudas sobre la manera en que la reforma del Gobierno impactará sobre el Fondo Común Municipal. (FOTO: ATON)

Esta dependencia -dijo- se traduce en una "muy poca autonomía de recursos", lo que implica que los municipios "dependen mucho de ser favorecidos por políticas sectoriales y no tienen capacidad en forma autónoma de, por ejemplo, generar un programa propio de revitilización de sus centros urbanos".

El análisis del ICVU también arrojó datos sobre el desempeño comunal. Se destacó que 14 comunas lograron mejorar su calidad de vida urbana en la última década, mientras que 18 experimentaron retrocesos.

Estos retrocesos se atribuyen a diversos factores, incluyendo "incidencia de la conectividad y movilidad, ambiente de negocios y condiciones socioeconómicas".

Una rotura de matriz de agua potable afecta a vecinos de la capitalina comuna de Ñuñoa desde este jueves.

Según se informó, el incidente se localiza en calle Rodrigo de Araya, cerca de Ramón Cruz, en el límite con la comuna de Macul.

En el lugar se observa una rotura de matriz que lleva varias horas con problemas, provocando que el agua se desplace por las calles hasta casi llegar a Vicuña Mackenna.

"Desde ayer en la mañana, como a las 05.30 horas, nosotros nos despertamos y ya no teníamos suministro de agua. La primera ruptura fue cerca de una cancha. Como a las 5 o 7 de la tarde tuvimos una segunda ruptura, y hoy en la mañana nos despertamos con una ruptura que está cerca del edificio donde yo vivo. Sería la tercera reparación en menos de 24 horas", relató a Cooperativa una de las vecinas afectadas.

Los habitantes del sector han expresado su preocupación por la falta de agua en las primeras horas de la jornada, momento clave para el aseo y el desplazamiento hacia los lugares de trabajo.

Hasta el momento no se registra la presencia de personal de Aguas Andinas para resolver la emergencia, que mantiene a litros y litros de agua perdiéndose por la calzada.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamó a los parlamentarios del Biobío a aprobar la ley de reconstrucción propuesta por el Presidente Kast; de lo contrario, "se va a complicar la reconstrucción" de las viviendas destruidas por los incendios.

De visita en el sector de Lirquén, ubicado en la comuna de Penco -una de las más afectadas por los siniestros-, el arquitecto expresó: "Esperamos que el Congreso, en honor a todas las familias, pueda aprobar la ley de reconstrucción nacional, que incluye el financiamiento de este proyecto (habitacional)".

• [Lea también] Cadena nacional: Oposición tilda de "manotazo" el plan de Kast

"Nos va a costar alrededor de 100 mil millones de pesos e incluye 20 mil millones para nuevos accesos a toda la zona alta de Penco y Lirquén, más las viviendas que se quemaron y el terreno", desglosó el titular del Minvu.

Asimismo, "permitamos otros 300 mil millones para terminar la reconstrucción del resto de las localidades, por lo que para nosotros es fundamental que se apruebe la ley de reconstrucción y esperamos que se haga lo antes posible. Si no se aprueba, se va a complicar la reconstrucción, pero vamos a reconstruir", aseguró.

• [Lea también] "Pensamiento mágico": Economistas alertan que plan de Kast arriesga aumentar el déficit fiscal

Consultado por la prensa sobre qué hará el Ejecutivo si el proyecto se rechaza, el ministro afirmó que "siempre hay un plan B", pero evitó ahondar en detalles hasta que "se vea la votación del Congreso".

El proyecto de reconstrucción busca reunir fondos por cerca de 450 millones de dólares para reconstruir las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, aquejados por los incendios durante los años 2024 y 2026. 

El Ministerio de Vivienda anunció el término anticipado del contrato con la empresa constructora San Sebastián, encargada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras el megaincendio de 2024.

La medida fue acompañada por una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso debido a irregularidades técnicas y el uso de materiales no certificados.

"Lo que hicimos fue ordenar un peritaje en base a denuncias que recibimos respecto a los materiales que estaba usando una constructora, que no estaban certificados, que estaban combinando materiales certificados con materiales no certificados", detalló el ministro Iván Poduje.

"Yo instruí que fuera un equipo de técnicos a hacer una revisión de todos los planos de cálculos, de todos los planos presentados, y se detectaron falencias graves. En función de esas falencias graves ordené sumarios y, además, acciones judiciales", agregó el secretario de Estado.

Para mitigar el impacto en las familias damnificadas, quienes han esperado más de dos años por sus soluciones habitacionales, Poduje explicó que su cartera presentó "un plan alternativo que nos permite entregar las viviendas en diciembre y, de esa manera, recuperar el tiempo perdido".

"Vergüenza a nivel mundial": Duras críticas de los damnificados

A pesar del nuevo cronograma, el malestar entre los vecinos es profundo. Rigoberto San James, vocero de las familias afectadas, criticó duramente el proceso de licitación y la supervisión de la Administración anterior, calificando a la constructora involucrada como una "empresa fantasma".

"Qué bueno que Poduje terminara el contrato. Sabemos que hay familias que están molestas porque hay casas que se habían avanzado, pero, si no cumplen las medidas necesarias de seguridad en cuanto a incendios o terremotos, es mejor perder eso que se hizo, perder el tiempo y empezar desde cero seriamente con una empresa que sepa del rubro", señaló el dirigente. 

"Es una vergüenza a nivel mundial más que nacional, porque deja al descubierto un Gobierno negligente que permitió que esto sucediera; un Gobierno que abandona a la gente en cuanto al acompañamiento de reinserción social y laboral, ni hablar de la ayuda psicológica, y que, además, jugó con los dineros de la reconstrucción en empresas fantasma", fustigó San James.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá investigar las responsabilidades penales de la empresa y posibles negligencias en la administración de los fondos destinados a la emergencia.