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Kilometro 30, Ruta D-41, Vicuña
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Km 30,5 Ruta 41, La Calera, V
Camino público Edmundo Toro Ruta D-315, Altovalsol
San Isidro, Vicuña en el Valle de Elqui
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El ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que, además de paralizar la construcción de la ciclovía en el nuevo eje Alameda-Providencia, también anulará otros proyectos, como las expropiaciones del Club Hípico y de la Colonia Dignidad, para financiar la reconstrucción en la Región del Biobío.
Las iniciativas, formalizadas durante el Gobierno de Gabriel Boric, son del tipo "faraónicas, no se justifican, son muy caras o muy complejas", dijo el ministro a La Tercera.
"(Cuando llegamos a la cartera, nos encontramos) con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta, porque las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años", expresó.
"El presupuesto (del Minvu) está muy cargado al (subsidio habitacional) DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura; por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale 22 mil millones de pesos", aseguró Poduje.
Por ello, para cumplir con el recorte del 3% solicitado por Hacienda, en el Minvu eliminarán "estos proyectos que, de alguna forma, no son prioritarios, más otros que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos", explicó el ministro.
"Por esa vía vamos a reducir, y hay un acuerdo con el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz que no se va a comprometer ninguno de los beneficios sociales de los planes habitacionales, ni tampoco la reconstrucción", afirmó el titular de Vivienda.
En este contexto, "vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos", aseveró el arquitecto al medio citado.
"Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son 47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado; puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar (...). Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas, y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto", manifestó.
Consultado sobre si esta decisión es de carácter ideológico, el titular de Vivienda contestó que "no, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social", y planteó que los organismos de derechos humanos "pueden pedirle a otro ministerio que lo haga, o a un organismo internacional (...). Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda".
Por último, Poduje también aseguró que buscarán recuperar un porcentaje que el Estado gastó en la expropiación parcial de la megatoma de San Antonio.
"El cheque se giró a fines de diciembre de 2025. Nosotros consideramos que se pagó mucha plata (11 mil millones de pesos). Ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar eso", sostuvo.
Asimismo, "dado que ya se expropió ese terreno, lo mínimo que podemos hacer es que ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila (para obtener una vivienda) en San Antonio. Las que están después, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Esta es una ciudad informal que creció sin ningún tipo de control", aseveró.
En esta línea, el ministro de Vivienda admitió que "todavía no ha calculado" cuánta gente tendrá que abandonar el lugar, pero reafirmó que, "(como Gobierno), nos eligieron para eso (tomar medidas drásticas), y no por lindos".
"Si nos preocupara (otra caída en la aprobación de la Administración) no podríamos hacer nada. Las medidas que estamos tomando se van a ver reflejadas en una mejoría; se van a ver -no me cabe duda- en la popularidad del Presidente y del Gobierno", cerró.
Posrteriormente, Poduje señaló que el Serviu le advirtió al Gobierno anterior de no continuar con la iniciativa: "Solo podemos expropiar para hacer viviendas, calles o colectores, no para un museo. El Serviu alertó de esto al Gobierno pasado, pero siguieron adelante y nosotros, apegados a las competencias que tenemos, no podemos expropiar".
En el mundo político, la diputada libertaria y presidenta de la Comisión de DD.HH., Gloria Naveillán, valoró la medida: "Me parece muy razonable. Puedo entender que se necesita un sitio de memoria porque hay muchos que lo piden, pero creo que no tiene que hacerse en el lugar donde hoy hay personas que, en la práctica, no tuvieron que ver con los hechos porque en ese tiempo eran niños chicos", sostuvo.
En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva criticó que "se equivoca el Gobierno, particularmente en el plano comunicacional. Se tratan de dar señales políticas con este copamiento o cambio permanente del encuadre. Se nota que están en problemas: el propio ministro de Vivienda recibe críticas por la forma de enfrentar (los temas) y coloca otro tópico sobre la mesa, para ir desvirtuando las problemáticas que tiene el Gobierno".
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos en Colonia Dignidad, Myrna Troncoso, señaló que la decisión "le toma por sorpresa": "(Era) mínimo hacer un recordatorio de la gente que mataron en la Colonia. Tenemos ese derecho a verdad, además que no nos vamos a instalar donde ellos hacen el turismo. Si ya teníamos todo conversado por el memorial, incluso ahora cuando empezaron a dividir la colonia, se suponía que eso ya estaba listo".
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este martes la suspensión de las obras de la constructora San Sebastián en Valparaíso y el inicio de acciones legales y sumarios administrativos, tras descubrir serias irregularidades en la construcción de viviendas destinadas a los damnificados del megaincendio de 2024.
Según se advirtió, la situación podría llevar a la demolición de al menos 40 casas en el sector de El Olivar, Viña del Mar.
En detalle, se detectaron contratos sin inspección técnica y el uso de materiales no certificados, como paneles de hormigón hechos para viviendas de un piso que eran utilizados en casas de dos pisos, lo que representa un riesgo de colapso estructural, por ejemplo, ante un eventual sismo.
"Esta empresa San Sebastián usó paneles certificados para casas de un piso en casas de dos pisos, poniendo en riesgo a la familia que estaban ahí", acusó Poduje, que cuestionó también "una ejecución de obra deficiente".
Lo más preocupante es que, de acuerdo con el ministro, la situación había sido denunciada previamente al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por el propio proveedor de los paneles, pero la entidad "no había hecho nada con esta información".
"El Serviu la recibe (la advertencia) el año pasado. La funcionaria que la recibió va a ser sumariada por no haberle dado curso, (porque) nunca le respondió al proveedor", acusó el jefe de la cartera de Vivienda.
La constructora San Sebastián tenía licitadas aproximadamente 350 viviendas, con un avance de solo 40 casas en El Olivar. Todas ellas serán inspeccionadas y eventualmente podrían ser demolidas, lo que implicará nuevas licitaciones para nuevas casas entregadas de aquí a fin de año.
En cuanto a las acciones a seguir, Poduje afirmó que, "junto con suspender, nuestro equipo de abogados iniciará inmediatamente acciones legales para que esta empresa restituya todos los montos que les fueron pagados".
Además, se investigarán las "40 denuncias de damnificados que fueron obligados a firmar por esta empresa y que, (acusan), si no firmaban con ellos les cobraban multas ficticias de 800 mil pesos".
"Todo lo vamos a investigar y también vamos a hacer iniciar los sumarios que correspondan al interior del servicio", puntualizó el secretario de Estado.
El contexto de estas irregularidades se inserta en el proceso de reconstrucción que, según el ministro, "alcanza aproximadamente hoy el 30% entre viviendas entregadas y algunas en curso, sin contar estas 40 viviendas que en un futuro próximo demolidas a propósito de las negligencias que dice el ministro se han encontrado".
En tanto, la Constructora San Sebastián expresó su "rechazo a una decisión arbitraria e injustificada", dado que El Olivar es un proyecto que cuenta "con los permisos de edificación al día y la aprobación del Serviu Valparaíso para ejecutar estas obras".
"La difusión sin sustento técnico de supuestos riesgos estructurales, sobre obras ya aprobadas, genera alarma pública injustificada y daña la confianza (...) nos resulta inaceptable que se desacredite el trabajo serio y riguroso de profesionales de distintos ámbitos, que han actuado con estricto apego a la normativa", dijo la firma en un comunicado, que adelantó que "tomará las acciones pertinentes de acuerdo a derecho".
Respecto a revelación de Poduje sobre las irregularidades en la construcción de viviendas para los damnificados, vecinos acusan que tras dos años de la tragedia, el camino hacia la reconstrucción ha estado plagado de obstáculos, incluyendo la negligencia y posibles fraudes.
Patricia Lobos, una de las afectadas y familiar inhábil para postular a soluciones habitacionales, compartió su sentir sobre la difícil situación que han vivido: "igual estamos tristes porque nos sentimos humillados, afectados porque estamos dos años esperando y dos años que hasta el momento no tenemos nada".
La inhabilitación para postular a nuevas viviendas debido a la vinculación con la constructora San Sebastián los dejó en un limbo, según relata: "Esa gente nos dejó como en el aire por dos años, no podías postular a vivienda, no podías postular a nada".
El Ejecutivo prepara una serie de medidas para reactivar el sector inmobiliario, con la presentación de diversos proyectos durante las próximas semanas en el Congreso.
Una de las medidas que buscan implementar es la eliminación del IVA en la compra de propiedades por 12 meses de forma transitoria, beneficio que esperan se traspase a los compradores de las más de 100 mil viviendas sin vender a nivel nacional, en medio de una desaceleración en nuevos proyectos y un acceso más restrictivo al crédito hipotecario.
Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, planteó que "hay viviendas en los niveles medios bajos que están exentas hoy día de IVA, entonces esta eliminación del IVA no les afecta. Hay que seguir atendiendo a esa población, a esa gente y esta medida ha demostrado ser de un costo prácticamente nulo para el Estado y creemos que eso debe seguir y complementarse con esta en los distintos tramos en que sí hay IVA a la vivienda, que también encarece el problema".
"No lo hemos cuantificado, porque no sabemos el alcance real del proyecto, 15 por ciento pensamos que de ninguna forma. Cuando se colocó el impuesto el alza fue mucho menor a esa, entonces eso es imposible, y dependerá también de cómo sea la estructura del proyecto, a qué tipo de viviendas afecta, el promedio tiene que ser bajo eso, porque hay muchas viviendas que no pagan IVA", añadió.
Otra de las medidas es la extensión de los beneficios del DFL2, es decir, incentivos tributarios a viviendas de menor tamaño, el que antes estaba limitado a dos propiedades de hasta 140 metros cuadrados y que ahora se extenderá a tres, pero con un máximo tamaño de 90 metros cuadrados, las que tendrán un impuesto en torno al 5 por ciento.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que "cuando uno combina la nueva ordenanza, que va a permitir hacer más viviendas por superficie y lo combina con el DFL2 ampliado esa es una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si va con las medidas para que el stock que hay acá salga muy rápido, hay más de 100 mil viviendas que no se venden".
"Decirle a los que están en el mundo inmobiliario que no vamos a dejar que la cosa se tranque, porque el temor que hay es que mientras se está discutiendo la ley nadie compra nada esperando que baje el IVA. No va a ser así, la ley que se envíe va a tener una cláusula que va a ser beneficiario de esto desde que se envía la ley, de modo que no se tranque ninguna escritura", adelantó.
Además, se buscará mantener y ampliar el subsidio al crédito hipotecario, para así reducir los costos de los dividendos.
La casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en el barrio Yungay fue puesta a la venta por 860 millones de pesos y también se encuentra disponible para arriendo, generando inmediato interés por su valor histórico y características.
Según información publicada por La Tercera, la propiedad es promocionada por la inmobiliaria Cocina Propiedades, que destaca su historia y el atractivo que genera haber sido residencia presidencial durante su mandato.
El inmueble cuenta con 500 metros cuadrados, 13 dormitorios -seis de ellos en suite-, nueve baños, tres cocinas, dos living comedor, dos salas de estar y tres estacionamientos. En tanto, su valor de arriendo alcanza las 120 UF, es decir, cerca de 4,7 millones de pesos mensuales.
Durante su estadía, Boric habitó la casa junto a su entonces pareja, Irina Karamanos, y el lugar también fue utilizado para reuniones políticas. La vivienda fue diseñada por el arquitecto Andrés Garafulic en 1929.
Desde la inmobiliaria, el encargado regional Cristián Opazo explicó que "siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado. Además no es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente".
En registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) la propiedad tiene un avalúo fiscal de 162.691.271 pesos y no presenta deudas en contribuciones, según la Tesorería General de la República. No obstante, desde la inmobiliaria aseguran que el hecho de que Boric haya vivido allí no influyó directamente en su precio.
De acuerdo con antecedentes del mercado, en 2022 la vivienda se ofrecía en 19.500 UF y hoy alcanza las 21.000 UF, mientras que su arriendo subió de 105 a 120 UF.
En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago figura que el actual propietario, Iván Rodríguez, adquirió la casa en 2017 por 10.677 UF.
Opazo sostuvo que el valor del inmueble responde principalmente al mercado y al desarrollo del sector, señalando que barrio Yungay atraviesa un proceso de transformación y que la propiedad podría ser atractiva para instituciones, fundaciones, museos o incluso proyectos comerciales como hoteles o centros médicos.
Asimismo, indicó que el arriendo presenta mayor valorización debido a su carácter simbólico y estimó una rentabilidad anual de entre 6 y 7 por ciento para potenciales inversionistas.
Respecto al entorno, destacó el atractivo cultural del sector, con espacios como el Museo del Sonido, el Museo de la Memoria, Matucana 100 y la cercanía a Quinta Normal, lo que refuerza el interés por el inmueble más allá de su uso residencial.
Actualmente, el expresidente ya no reside en la propiedad: se trasladó a un departamento en San Miguel mientras finaliza la remodelación de su nueva vivienda en esa misma comuna.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó esta tarde -con base en información proporcionada por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) más de 20 mil clientes sin suministro, desde la Región del Maule hacia el sur; situación vinculada con el sistema frontal que afecta a la zona.
La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que hay "22 viviendas con daño menor" (siete en Ñuble y 15 en Biobío), "mientras que otras 29 se mantienen bajo evaluación por parte de los organismos locales".
Además, siete establecimientos educacionales presentan daños de distinto grado.
Asimismo, la conectividad vial ha sufrido interrupciones por "deslizamientos y caídas de árboles", lo que ha obligado al despliegue de maquinaria y personal de Carabineros para regular el tránsito.
Cebrián llamó a la precaución, ya que se pronostica "el ingreso de un nuevo sistema a la Región de Magallanes para este martes, el cual se desplazará hacia el norte en los siguientes días".
AHORA|
— SENAPRED (@Senapred) March 16, 2026
Directora Nacional de #SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance por sistema frontal en las regiones Metropolitana y Aysén. Infórmate en https://t.co/tV2QPdw8uF#SenapredInforma@GobiernodeChile @min_interior @SubseInterior @voceriagobierno pic.twitter.com/25OV8GdnwX
Con más de 20 mil clientes sin luz y 22 viviendas dañadas, el sistema frontal mantiene en alerta al centro-sur del país.
El director regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, dijo que en la zona ha habido "precipitaciones promedio en el valle de entre 30 a 40 milímetros en las últimas 24 horas, y en la alta cordillera de entre 80 a 90 milímetros", pero "el sistema frontal ya va en declive".
La situación más crítica se registró en la comuna de Linares, donde los pobladores reportaron la inundación de más de 40 viviendas, emergencia ligada a la construcción de un supermercado, cuyas obras bloquean las vías naturales de evacuación de aguas lluvias.
Desde la Unidad de Alerta Temprana, nuestro director Carlos Bernales entrega información y recomendaciones por evento meteorológico pic.twitter.com/BLqjuPocYJ
— Senapred Maule (@Senapred_maule) March 16, 2026
En el sector de Lirquén, comuna de Penco, las lluvias levantan alertas por un alto riesgo de desprendimiento de tierras debido a la pérdida del anclaje natural de las raíces de los árboles, como consecuencia de los incendios de enero.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien se trasladó a la zona, advirtió medidas preventivas urgentes: "En dos semanas más vamos a tener lluvias fuertes, y esta lluvia nos generó 22 viviendas que tenemos en zona de riesgo... Tenemos que relocalizar mañana a esas familias", señaló.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, conversó con El Diario de Cooperativa sobre la reconstrucción y lo heredado del Gobierno anterior, donde criticó recortes que se hicieron a la cartera antes del cambio de mando.
Poduje aseguró que "hemos recibido una caja, unas arcas fiscales vacías. En el Ministerio de Vivienda además nos cortaron el último mes. Se firmó un oficio del ministro (Nicolás) Grau que nos eliminó 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables, lo cual es un desastre para nosotros. Entonces, las arcas fiscales en el Ministerio de Vivienda están vacías y necesitamos que este proyecto se apruebe".
En ese sentido, respecto a los recortes al presupuesto que anunció el Presidente José Antonio Kast señaló que "a las personas lo que les importa más que la disminución de impuestos es si la economía crece o no crece. Esa es finalmente la raya para la suma acá. Yo le diría que el problema más grande que tenemos nosotros hoy día, insisto, es heredado, es que nos cortaron 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables".
"El gobierno anterior hizo un machetazo a los derechos sociales de la vivienda de las familias más vulnerables. Nosotros nunca entendimos por qué lo hizo. El ministro (Carlos) Montes tampoco lo entendió, porque me dijo: 'mire, esto es una decisión de Hacienda', no quiero exculpar al ministro Montes, pero me dijo: 'yo no tengo nada que ver con esto'. Entonces, el ministro Grau nunca explicó por qué hizo esto", afirmó.
"Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver la forma de que, mediante este plan de reorganización y de optimización, podamos compensar en parte esos subsidios y priorizarlos. Pero a las personas, la verdad, es que no les interesa mucho si se bajan o si suben los impuestos a quién o a cuál. Lo que les importa a ellos es si van a tener sus casas en tiempo y forma", aseguró.
En ese sentido, destacó que "toda la agenda de desburocratización o facilitación regulatoria nos va a permitir reducir trámites que hoy día afectan a familias vulnerables y que duran 14 meses, bajarlos a 3 meses".
"De hecho, dentro de la propuesta de los reglamentos que hemos trabajado en campaña con el presidente Kast, hay al menos 11 que nos permiten avanzar más rápido en: habilitación normativa de terrenos para viviendas sociales, en aprobación rápida de los proyectos de vivienda, en acotar el terreno del Consejo de Monumentos Nacionales que opera o ha operado sin ningún criterio de foco social, y también acotar el terreno en que el Ministerio de Medio Ambiente y particularmente las Seremi de Medio Ambiente han operado", sostuvo.
En materia de reconstrucción, Poduje, reveló que el avance de las obras tras los incendios de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso cuenta con "solo el 11% de las viviendas entregadas y un 20% en construcción; en el 70% restante no hay nada, ni una obra". Ante este escenario, el secretario de Estado enfatizó la necesidad de agilizar los procesos: "Tenemos que reconstruir en 15 meses lo que no se hizo en dos años. Cuando hay familias esperando, debo comprometerme con plazos que sean realistas".
Respecto al conflicto habitacional en San Antonio, Poduje cuestionó duramente la gestión anterior, señalando que "el grave error del presidente Boric fue sacar, de cinco regiones, 11.000 millones de pesos destinados a familias que esperaban su vivienda cumpliendo todas las reglas, para comprar un terreno tomado". En ese sentido, el ministro aseguró que, una vez concretada la expropiación del terreno en cuestión, este se entregará prioritariamente a los 17 comités de vivienda que forman parte de la lista de espera oficial.
Ante estos anuncios, el presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela Mario Reyes, defendió la posición de los ocupantes y manifestó su intención de dialogar con la autoridad. "Llevamos un trabajo de años acá. Muchas de las familias que llegaron están también en esa lista de espera que nombra el ministro... entendemos que de pronto podría cambiar de opinión respecto a nosotros".