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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes y despachó al Senado el proyecto de ley del Gobierno que reforma el mercado de capitales y crea nuevos instrumentos para favorecer el acceso a créditos hipotecarios y a la primera vivienda.
El proyecto propone la creación de un Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), con vigencia de 10 años, administrado por BancoEstado y sujeto a fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.
Dispondrá créditos destinados a personas naturales que busquen adquirir una primera vivienda para uso habitacional, cuyo valor máximo no exceda las 6.000 UF (unos 247 millones de pesos), incluidos un estacionamiento y una bodega adquiridos en la misma escritura pública.
La iniciativa crea, además, un régimen de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) destinado a cubrir -por una sola vez- el pie exigido en los créditos (10 por ciento), para la compra de inuebles nuevos o usados.
Estas cuentas de ahorro podrán ser administradas por bancos e instituciones financieras, administradoras de fondos de terceros, compañías de seguros de vida, cooperativas de ahorro y crédito, y cajas de compensación.
La reforma se aprobó, en general, con 100 votos a favor, 35 en contra y una abstención: "Prácticamente todo se aprobó por dos tercios de los votos", señaló al término de la sesión el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que aseguró que "con el Fondo Nacional de la Vivienda se ha dado un gran paso a la casa propia de la clase media".
Tras la aprobación en general hubo más de 50 votaciones de articulado que dieron luz verde al grueso de las normas, con excepción de tres disposiciones relacionadas con la participación de las AFP; entre ellas, una que ampliaba el giro de las administradoras de fondos de pensiones para facultarlas a manejar las nuevas cuentas de AVV, que fue rechazada.
"Nosotros abrimos la posibilidad del ahorro para la vivienda a múltiples entidades, incluyendo la AFP. Ahora, dada la situación actual, la verdad es que nadie tenía muchas ganas de incluir a la AFP", comentó Quiroz en alusión a la polémica por las pérdidas de los fondos D y E.
Que estén las AFP "no es un tema fundamental para nosotros". Por ende, "yo creo que no (vamos a insistir)", adelantó.
De acuerdo con el proyecto, el Ministerio de Hacienda efectuará aportes por hasta 2.000 millones de dólares al Fonavi dentro de los 36 meses siguientes a la publicación de la ley.
Los aportes de las familias a las cuentas de ahorro para la vivienda deberán ser estables en su monto, continuos y realizados durante un período no inferior a 30 meses a partir del mes siguiente a su apertura.
Alcanzada la meta de ahorro, el Estado otorgará una bonificación complementaria equivalente al 3 por ciento del valor de la vivienda, para completar el pie.
Para acceder a esta bonificación, el titular o grupo familiar deberán cumplir, copulativamente, los siguientes requisitos: ser titular o cotitular de una cuenta de capitalización habitacional vigente en una institución autorizada; haber efectuado aportes, acreditando el período mínimo de 30 meses completos o la concurrencia de alguna causal de excepción reglamentaria; y acreditar un saldo efectivamente ahorrado.
"Va a haber crédito a 30 años, con un 10 por ciento de pie para las familias que ahorren durante 30 meses y alcancen el 7 por ciento. El 3 por ciento que falte lo va a poner el Gobierno, porque lo que buscamos es incentivar el ahorro a las tasas más bajas posibles, porque también va a haber ahí una garantía de por medio. Por lo tanto, esto significa abrir nuevamente las posibilidades de compra de casas para la clase media", indicó Quiroz.
Esta ayuda, además, "se combina con otras medidas que se han tomado, como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permitirá construir y vender unidades más accesibles para todo el mundo. En consecuencia, es una gran noticia para la gran mayoría de los chilenos", señaló el ministro.
En lo referente al mercado de capitales, el texto contempla una actualización del sistema de Ahorro Previsional Voluntario (APV), modificaciones al Código Tributario y a la Ley de Impuesto a la Renta.
También amplía los beneficios tributarios para atraer a inversionistas locales y extranjeros a financiar a empresas de todos los tamaños, y considera nuevos estatutos de incentivos para la inversión en el Segmento Júnior de la Bolsa y de Promoción de la Innovación y la Inversión en Capital de Riesgo.
Finalmente, se perfecciona el tratamiento tributario para fondos de inversión y fondos mutuos.
"Hemos dado un primer gran paso para convertir a Chile en un centro financiero regional, para generar un mercado capitales que le dé acceso a todos los innovadores; una bolsa para los emprendedores, un mecanismo de financiamiento para la innovación, la tecnología, para ampliar el financiamiento a todas las empresas: un cambio fundamental en nuestro mercado de capitales y en las expectativas de progreso de la mayoría de los chilenos", sentenció el jefe de la billetera fiscal.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, viajó este martes a la comuna de Requínoa (Región de O'Higgins), afectada ayer por el paso de al menos un tornado, desde donde anunció el retiro urgente de asbesto y la posterior reparación de las viviendas afectadas en un plazo de seis meses.
De acuerdo con los primeros balances, el fenómeno provocó daños en decenas de inmuebles, caída de árboles y postes del tendido eléctrico, y vehículos afectados.
En conversación con el canal 24 Horas, el secretario de Estado explicó que la presencia de asbesto disperso en la zona se originó por el desprendimiento violento de techumbres de construcciones antiguas que utilizaban planchas de pizarreño fabricadas antes de la normativa restrictiva del año 2001.
"Como acá voló el asbesto y tenemos trozos por todas partes, va a venir una empresa especializada a hacer su retiro, con autorización de la Seremi, y ahí nosotros entramos a hacer la reparación de las viviendas. Lo que sí yo espero, y le pedí a la Seremi también, que acá no opere la burocracia y nosotros lo hagamos rápido", puntualizó el titular del Minvu.
Poduje afirmó que se realizarán distintos "proyectos de reparación y muchos techos nuevos. El ministro (Claudio) Alvarado dispuso a toda su gente acá, se traen los kits de emergencia, de higiene, y se protege la lluvia con nylon o con algunas planchas".
"Senapred ya trajo las planchas de zinc, pero nosotros -en paralelo- vamos levantando los daños, hacemos el proyecto de reparación definitivo, aplicamos un subsidio directo a la familia y se hace de inmediato", complementó.
Estamos en Requinoa, participando del COGRID junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, el alcalde Waldo Valdivia y autoridades regionales, para coordinar la respuesta tras el tornado categoría EF2 que afectó a la zona ayer. Estamos en terreno, evaluando los daños y coordinando las acciones necesarias para apoyar a las familias afectadas y avanzar en la recuperación de los sectores dañados. No vamos a dejar solas a las familias de Requinoa.
— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) October 27, 2026
El ministro señaló que en el lugar "también volaron todas las panderetas, algunas de ellas de adocreto, así que vamos a tener que reponer panderetas y muchos parrones, que es parte de la identidad de este lugar, también los vamos a reponer. La principal afectación ahora es la angustia de los adultos mayores, están muy afectados, así que estamos con un equipo de contención trabajando".
"Esto debiera estar, esperemos, arreglado ya listo en seis meses, todo terminado", aseguró.
El ministro Poduje recorrió los sectores de Requínoa afectados por el tornado, donde 92 viviendas presentan daños. Estamos trabajando en terreno para agilizar su reparación y recuperar colegios dañados. Las familias no están solas: El Estado está para ayudarlas a ponerse de pie. https://t.co/zRQjjhxrwU
— MINVU - Chile (@Minvu) October 27, 2026
Por su parte, la delegada presidencial de O'Higgins, Susana Pinto, apuntó que "vinimos al sector Santa Amelia, porque los vecinos habían dado cuenta de que las autoridades no habíamos estado presentes".
En el marco de este despliegue, "se está aplicando la Ficha FIBE y mañana, el Ministerio de Vivienda estará aplicando la Ficha 2 para ayudar concretamente a cada uno de los afectados".
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Una ofensiva ante el Tribunal Constitucional (TC) encabezan los parlamentarios de la Comisión de Vivienda, alcaldes de la Región Metropolitana, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y especialistas en urbanismo.
La acción busca declarar inconstitucional el reciente decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
El decreto en cuestión altera los parámetros de densidad habitacional en el país, reduciendo el cálculo estándar de cuatro personas por vivienda a 2,8, e incluso a 1,4 en proyectos cercanos a ejes viales o redes de transporte público.
Además, la disposición eleva hasta en un 75% la constructibilidad y en un 50% la altura permitida, reduciendo al mismo tiempo de 5.000 a 2.500 metros cuadrados el umbral predial requerido para acceder a estos beneficios de edificación.
Otro de los aspectos centrales del cuestionamiento radica en el recorte de atribuciones a los gobiernos locales, ya que la nueva norma dispone que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) no puedan pronunciarse sobre el mérito o la suficiencia técnica de las iniciativas inmobiliarias.
Las autoridades locales y regionales recalcaron que el requerimiento no rechaza la densificación como herramienta de política habitacional, sino el mecanismo administrativo utilizado, el cual desestima la planificación territorial y la participación ciudadana.
Al fundamentar la presentación judicial, el gobernador Orrego señaló que "no se puede reemplazar por la vía administrativa, por un decreto hecho entre cuatro paredes, el trabajo de técnicos, ciudadanos y autoridades tanto locales como regionales".
"Nos parece grave, no porque estemos en contra de la densificación, pero tiene que hacerse con planificación, con servicios, con salud, con educación, con movilidad, y eso lamentablemente no se respeta con esta nueva norma", enfatizó la autoridad regional.
En la misma línea, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que su comuna "es un claro ejemplo (debido a sus guetos verticales) respecto a cuando este tipo de medidas y el impacto que esto tiene dentro de una ciudad".
"Creíamos también que existía cierto consenso respecto a que lo que pasó en nuestra comuna es realmente una atrocidad, de darte cuenta de que en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, hoy se van a permitir más, pasando por encima de lo que hemos planteado", arremetió el jefe comunal.
Entre las causales jurídicas del libelo acusatorio se denuncia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.
De acuerdo con los requirentes, el decreto reemplaza determinaciones normativas que competen a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), eludiendo procesos como la Evaluación Ambiental Estratégica y la consulta a las comunidades.
Considerando que la Contraloría General de la República ya tomó razón del decreto presidencial, el recurso ante el TC se convirtió en la última instancia jurídica para frenar su vigencia.
La situación también fue cuestionada por Luis Eduardo Bresciani, académico de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, quien recordó que "Chile por décadas ha creído, a través de sus leyes y no de decretos, que la planificación urbana es la manera de lograr calidad de vida en los barrios".
"Por primera vez en muchos años, a pesar de que existían excepciones en la ley, este Gobierno ha transgredido por completo lo razonable, no solamente modificando los planes reguladores en forma dramática, sino impactando en la calidad de vida ante una norma vía decreto presidencial", cuestionó el experto.
"No es una mera norma de excepción, sino que es algo que transgrede por completo las confianzas y lo que las mismas leyes y el Parlamento ha aprobado por décadas en Chile", puntualizó.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declinaron emitir declaraciones públicas respecto a la presentación del requerimiento judicial.
Pese a que el titular de la cartera, Iván Poduje, suspendió su comparecencia de la semana anterior ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados por problemas de agenda, la autoridad quedó nuevamente citada para este miércoles.
En dicha sesión legislativa, el secretario de Estado deberá exponer los argumentos técnicos del decreto y responder a los cuestionamientos transversales formulados por los parlamentarios.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una rebaja en las contribuciones del segundo semestre de 2026 para las propiedades que hayan sufrido daños por catástrofes naturales durante este año, como incendios, inundaciones, terremotos o temporales.
La medida busca que los dueños de estos inmuebles paguen un monto acorde con el estado actual de sus propiedades, ya que los daños pueden reducir su valor.
La rebaja se aplicará a las propiedades que hayan sufrido daños por una catástrofe y cuya afectación pueda ser comprobada por el SII, lo que considera tanto los inmuebles ubicados en sectores informados al Servicio por organismos competentes como aquellos cuyos daños estén respaldados por los antecedentes disponibles, siempre que el organismo pueda verificar que la propiedad resultó afectada.
El descuento dependerá de la magnitud de los daños y quienes cumplan con los requisitos recibirán una notificación del organismo, sin necesidad de realizar trámites para acceder al beneficio.
En caso de que una propiedad dañada no sea incluida automáticamente, su dueño podrá solicitar una revisión del avalúo fiscal, que es el valor que el Estado le asigna al inmueble y que se utiliza para calcular las contribuciones.
Para hacerlo, deberá ingresar una solicitud en el sitio web del SII y presentar documentos que permitan demostrar los daños, como fotografías, certificados de organismos públicos u otros antecedentes que acrediten la situación de la propiedad.
Con esa información, el Servicio evaluará cada caso y determinará si corresponde reducir el valor fiscal del inmueble, rebajar las contribuciones o aplicar ambas medidas, de manera que el cobro considere los daños provocados por la catástrofe.
Un aluvión afectó durante la mañana de este jueves al sector Juan Riquelme, ubicado a un costado de la autopista que conecta las comunas de Concepción y Cabrero.
El hecho se desencadenó producto de las intensas precipitaciones y la tormenta eléctrica registradas en la zona, lo que provocó el colapso y desprendimiento completo de una ladera de cerro por la avenida Los Álamos, además de despertar y mantener en vigilia a residentes.
El aluvión causó el ingreso de lodo, tierra y aguas servidas al interior de diversas viviendas del sector.
Equipos de emergencia municipales y de auxilio se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de despeje de vías y prestar asistencia a los vecinos afectados.
Vecinos del sector Juan Riquelme, emplazado a un costado de la autopista que une las comunas de Concepción y Coronel, registraron en video los estragos causados tras las intensas precipitaciones https://t.co/za7fSc7i4e https://t.co/korySecq5x
— Cooperativa (@Cooperativa) October 22, 2026
La intensidad de los chubascos mantiene pasos bajo nivel severamente anegados en el Gran Concepción, como ocurre en la Avenida Andalién del sector Barrio Norte; mientras que los habitantes no pudieron conciliar el sueño por la potente tormenta.
Frente a la emergencia, voluntarios de Bomberos han debido desplegar botes zodiac para permitir el traslado de las personas atrapadas por la acumulación de agua.
Ante el agravamiento de las condiciones meteorológicas y los cortes de suministro eléctrico, tres comunas de la provincia anunciaron la suspensión total de clases: Talcahuano, Hualpén y Penco.
Por su parte, las instituciones de educación superior del Gran Concepción otorgaron flexibilidad en el ingreso y la implementación de clases en modalidad virtual.
"Hemos tenido en las últimas 24 horas tres grandes pulsos que han dejado afectación producto de precipitaciones en muy corto período de tiempo. Ayer (miércoles), entre las 08:00 y 10:00 de la mañana, precipitó un promedio de 10 milímetros (mm) por hora, incluso más que eso", dijo el director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval.
"Después, durante la noche, entre las 00:00 y las 02:00, tuvimos un evento aún más intenso con precipitaciones que llegaron en algunas estaciones cerca de los 15 mm por hora. Y a eso de las 05:00 de la mañana, acá en el Gran Concepción, también algunas estaciones marcaron montos parecidos", informó.
"Eso ha provocado esta afectación de anegamientos en varios sectores: en la comuna de Tomé, en la comuna de Penco, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén y Talcahuano", precisó Sandoval.
El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, en tanto, se refirió al socavón que inhabilitó un sentido de la subida al Cerro La Gloria, un importante punto de conexión entre la altitud y la planicie de la ciudad.
"Hemos tomado una decisión como medida de seguridad: esta subida va a quedar únicamente con sentido de tránsito de bajada; es decir, desde Los Araucanos hacia La Torre, o desde el cerro hacia el plano" de la urbe, informó.
"Hay un área que necesita ser resguardada y estamos con Carabineros, equipos técnicos y muy pronto llegará el Serviu. También le pedimos a la Seremi de Transportes para que se coordine con nosotros respecto a (orientar) la locomoción pública por acá", agregó el jefe comunal.
En lo relativo al socavón ocurrido en la Villa El Mirador (ubicado en la comuna de Arauco), las 152 familias que tuvieron que evacuar sus casas por la situación expresaron su angustia ante el porvenir de sus viviendas.
"Estamos esperando el informe (de las autoridades competentes), que se va a demorar entre tres a cuatro meses para dictar si el terreno está apto para seguir viviendo o tendrá que evacuar la población completa, lo que va a causar un abandono de los hogares", dijo un afectado.
"(Definir) dónde se irán a vivir cierta cantidad de familias es un proceso muy difícil; vamos a esperar lo que se dé", añadió.