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Equipos municipales, Carabineros, PDI, el INDH y la Defensoría de la Niñez, entre otros, participan este lunes en el desalojo de la toma Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú.
El operativo, que se llevará a cabo hoy y mañana, busca sacar del sector a alrededor de 30 familias que se oponen al cierre, con el fin de una posterior remoción de las viviendas.
La directora de Desarrollo Comunitario de Maipú, Nishme Zafe, detalló que "estamos en un desalojo del campamento Santa Marta, es muy importante porque se enmarca además en un foco que tenemos en este eje Camino a Melipilla con Pajaritos, y es el segundo justamente de este eje".
"Es un campamento que se compone por 375 personas, más de 100 familias y que estamos desalojando con más de 300 funcionarios municipales, en un trabajo coordinado con Delegación Presidencial, Policía de Investigaciones, Carabineros, pero también con el Serviu Metropolitano, instituciones como el INDH y Defensoría de la Niñez", añadió.
Con la llegada del alcalde Tomás Vodanovic al sector se provocaron incidentes menores, con una mujer que lo intentó agredir, llevando a la detención de dos personas, las que se suman a otras dos aprehendidas por intentar evitar el trabajo policial a primera hora.
El alcalde recalcó que "lo primero que es importante de decir a todos es que esta es una toma ilegal de un terreno, donde ninguna familia de las que habitan en este sector tiene derecho a estar o a tener una vivienda. Aún en ese contexto, como municipio hemos decidido por tercera vez consecutiva hacer un proceso de desalojo lo más humanitario posible, donde se le ha ofrecido a todas las familias que habitan este campamento, sean chilenas, migrantes o migrantes en situación irregular, que tienen componentes de niños o niñas, personas con discapacidad o adultos mayores, un subsidio de arriendo transitorio para poder hacer una salida de las familias lo más tranquila posible, que tengan un lugar donde llegar".
El delegado presidencial Gonzalo Durán sostuvo que "aquí hemos trabajado durante meses con el propósito de materializar este desalojo de manera ordenada y con estricto apego a la dignidad y a los derechos de las personas. Para ello se ha hecho un esfuerzo importante de información, de comunicación, se ha elaborado un riguroso plan de apoyo social a las familias que cuenten con niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad y adultos mayores, un plan de acompañamiento para las mascotas".
"Hemos tenido un grupo muy reducido de personas, en general chilenas (...) que administraban la situación dentro de este campamento han opuesto un nivel de resistencia, de rechazo, no obstante esto es razonable que ocurra y lo importante es que vamos a seguir trabajando para que de aquí a mañana se termine exitosamente este desalojo", añadió.
Los habitantes del sector dicen que el plazo de aviso fue de cuatro días, aunque el municipio asegura que fueron avisados hace un mes sobre el desalojo.
El seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, dijo que "el día de ayer se hizo una última reunión y visita de la municipalidad, se trabajó con las personas, varios se fueron y algunos decidieron quedarse, y efectivamente hay menores. Se está trabajando con Niñez, con la Municipalidad, a efecto de que estas personas sean retiradas".
"Se notificó hace más de 15 o 20 días atrás, como corresponde con la normativa, puesto que se dicta un decreto alcaldicio que tiene que ser notificado con 15 días mínimo antes de la ejecución del desalojo (...) las personas fueron notificadas de acuerdo al plazo legal más una comunicación constante que tuvo la Municipalidad", precisó.
A menos de un mes del cambio de mando en La Moneda, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó en Cooperativa un severo balance sobre el trabajo del Ejecutivo saliente y, en particular, del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.
La autoridad regional abordó los recientes dichos de Montes, quien -a días de dejar la cartera- planteó que el Estado no está suficientemente preparado y que, probablemente, necesitaba una nueva entidad dedicada de forma exclusiva a las reconstrucciones post catátrofes.
Para Mundaca, estas palabras llegan a destiempo y no eximen de responsabilidad al exsenador socialista.
"Yo no dudo de la buena voluntad del ministro Montes, (...) pero no es menos cierto que su responsabilidad es, precisamente, inherente al descontento de las personas", dijo Mundaca este sábado a El Diario de Cooperativa.
"Creo que el ministro Montes también ha tenido momentos de opacidad cuando, en algún minuto, pierde la paciencia y dice que él no es el jefe de la reconstrucción... Y si no es el jefe de la reconstrucción el ministro de Vivienda, ¿quién es el jefe?", cuestionó.
El exlíder de Modatima enfatizó las carencias del sistema actual y la consecuente falta de certezas y cambios de plazos, que causan una sensación de abandono en quienes aún habitan en condiciones precarias post tragedia.
"Cuando uno habla de situaciones de catástrofe, el rol del Estado me parece que es muy importante en materia de prevención, de preparación, de formulación de los mapas de riesgo, los planes de contingencia, en mantener la infraestructura crítica operativa", pero la reciente emergencia en Biobío y Ñuble delata que los avances aún no bastan.
"Parece que las lecciones no han sido lo suficientemente aprendidas (...) Las personas que han clamado por pan, techo y abrigo desde el mismo 3 de febrero en adelante son personas a las cuales el Estado tiene que atender y no desatender", remarcó.
Mundaca dijo esperar que la próxima Administración, que asumirá en marzo, dé mayor autonomía a los gobiernos locales y priorice la ejecución en terreno.
"Espero que, a propósito de todo lo que ha sucedido posterior al 3 de febrero, las nuevas autoridades puedan recoger las lecciones suficientes y necesarias para entender de que la colaboración entre el gobierno central y los gobiernos locales, es fundamental", sostuvo.
Por otro lado, al ser consultado sobre los informes de Contraloría que detectaron irregularidades en la gestión de la catástrofe de 2024, Mundaca dijo que consignan "situaciones que han generado muchísimo descontento (...) y que ha profundizado la desconfianza de la sociedad".
"Las lecciones de los incendios (...) dan cuenta de que el sistema de gestión de respuesta ante desastres no está preparado para la integración de las instituciones públicas y privadas para responder de forma diligente"; y menos aun para "el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años".
Mundaca también criticó el reciente ajuste financiero que afecta a los gobiernos regionales, y el recorte de 3 por ciento en el presupuesto destinado a emergencias.
"Los recursos de emergencia deben quedar en los territorios", enfatizó, y se preguntó: "¿Con qué propósito el Gobierno Central les recorta más de 50 mil millones de pesos a todos los gobiernos regionales, y lo hace en este período?".
Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, aseguró no tener conocimiento de esta información, antes de subrayar que la reconstrucción en el sur debe ser una prioridad.
"En particular respecto de esa circular, no tengo el detalle, pero sí puedo señalar que los recursos para las reconstrucciones están disponibles, y así lo hemos demostrado en todas las reconstrucciones que se han desarrollado durante nuestro Gobierno", declaró la autoridad.
Respecto de los avances en Ñuble y el Biobío, la ministra Toro destacó que "ya se completó la aplicación de la Ficha FIBE a las familias afectadas, se han pagado más de 4.300 bonos de recuperación; se comenzaron a pagar los bonos de acogida; empezó la instalación de las viviendas de emergencia, y también se hizo el primer pago del Bolsillo Electrónico de Autoconstrucción de Emergencia", mientras que funcionarios del Minvu "han aplicado de manera bastante generalizada la Ficha 2, que permite un catastro más específico de los daños".
Sin embargo, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, aseveró que "hemos visto lentitud de parte del Gobierno en muchos aspectos, y eso es lo que necesitamos solucionar. El tema del agua potable es fundamental, y las conexiones del agua a las casas también lo son".
La autoridad comunal lo comentó tras reunirse con el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a quien aprovechó de enseñar "en terreno lo que pasó en distintos sectores, para que cuando asuma el 11 de marzo, dé agilidad a todos los procesos. Eso es lo que esperamos".
A su vez, Arrau coincidió en que la reconstrucción en la zona "no ha tenido la celeridad que todos esperábamos. Tenemos hartos reportes de instalaciones que no se han hecho ni con la celeridad ni tampoco con la prolijidad que esperamos para situaciones tan sensibles como esta, donde las personas necesitan que su dignidad no sufra nuevamente con la instalación de estas viviendas de emergencia".
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, abordó en Cooperativa la discusión sobre el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de enero, la que señaló necesaria de institucionalizar.
"Nuestro país es un país de catástrofes que además recientemente se están haciendo cada vez más frecuentes. Y a pesar de eso, nuestra institucionalidad no contemplaba una regulación respecto de las reconstrucciones", planteó.
En ese sentido, apuntó que "para enfrentar la emergencia, después del terremoto del 2010, tenemos Senapred que reemplazó a la Onemi y tenemos toda una institucionalidad para enfrentar la emergencia. Y sin embargo, para los procesos de reconstrucción, cada vez que había una catástrofe se estaba reinventando la institucionalidad".
"A veces se nombraba un delegado, a un ministro. El terremoto del 2010, por ejemplo, tuvo muchos delegados que pasaron por el cargo y por esa responsabilidad. Entonces no existía ningún tipo de institucionalización de la reconstrucción y eso, sin duda, es una debilidad institucional", sostuvo.
De esa forma, advirtió que "lo que termina pasando es que las tareas de reconstrucción, pasados unos meses, se suman a la serie de tareas, prioridades y tareas habituales que tienen los ministerios".
No obstante, reconoció que "durante nuestro gobierno, avanzamos hacia una primera institucionalización. Y ese es el rol que cumple el Ministerio de Desarrollo Social como presidente del Comité de Ministros y Ministras de la Reconstrucción, que ha sido una primera experiencia de poder tener una articulación de los procesos de reconstrucción. Y yo creo que ha sido una buena experiencia que ha dado fruto".
"Hay buenas experiencias, pero sin duda esto recién ha sido una primera forma de institucionalizarlo. Y justamente lo que viene ahora -y se lo transmití también a la futura ministra (María José Wulf)- es que con la creación del Ministerio de Seguridad hoy día tenemos un Ministerio del Interior que por ley va a tener que asumir la coordinación de las reconstrucciones", relató.
"Creo que justamente el proceso en el que estamos ahora también tiene que ser de transición hacia esa institucionalidad que sea más estable y definitiva. Pero cuando llegamos al gobierno no había ningún tipo de institucionalidad ni gobernanza de la reconstrucción que estuviera regulada. Hoy día hemos dado un paso, pero sin duda esto se tiene que consolidar y para eso va a ser necesario tramitar una ley", afirmó.
Lo planteado por la ministra Toro, también fue señalado por su par de Vivienda, Carlos Montes, planteó en conversación con Partamos por Casa de Cooperativa la creación de una nueva institucionalidad que se haga cargo de estos procesos a futuro.
En esa línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló en El Diario de Cooperativa que se está trabajando en un proyecto de ley que cambie la institucionalidad en torno a emergencias.
"Hay un compromiso que no necesariamente se traduce en una subsecretaría", sostuvo, y agregó que "cuando se creó el Ministerio de Seguridad y se separaron las funciones de seguridad del Ministerio del Interior, de regular a través de una ley todo lo que es el sistema de emergencia y reconstrucción en el marco del nuevo Ministerio del Interior".
"Se ha estado trabajando en un proyecto de ley que está bastante avanzado, y hay ciertas definiciones que se están estableciendo en el marco de ese proyecto, pero ya se ha trabajado de manera significativa por los distintos ministerios sectoriales para arribar a un texto común", afirmó.